VI.- PROCESO PENAL 2.- Inicio del Proceso

2.- Inicio del Proceso

El proceso se inició con el auto de formal prisión (actualmente auto de vinculación al proceso), esto con base al artículo 19 Constitucional:

Artículo 19.-…Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso.

El objeto del proceso estaba constituido por el tema que la jurisdicción tenía que decidir y que venía a coincidir con la premisa menor y la conclusión del silogismo procesal: cuerpo del delito, responsabilidad, absolución o condena.

Para que esta decisión del órgano jurisdiccional estuviera fundamentada y motivada era necesario probar[1], recayendo la carga de la prueba (onus probandi) sobre la parte que afirma o niega (artículo 248 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal[2]), por lo que siendo las únicas partes del proceso penal, el MP y el procesado, me vi en la necesidad de aportar, en calidad de esta ultima figura jurídica, para su desahogo probatorio ordinario, elementos de convicción suficientes (pruebas) que abalaran mi dicho, en el sentido de no ser responsable de los injustos que se me estaban imputando

En sentido estricto, la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador acerca de los hechos discutidos y discutibles, cuyo esclarecimiento resulte necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En este sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones de hecho expresadas por las partes. En sentido amplio, se designa como prueba a todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador, con el objeto de lograr la obtención del cercioramiento judicial sobre los hechos discutidos y discutibles. Por último, por extensión también se suele denominar pruebas a los medios, instrumentos y conductas humanas, con 1as cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho. Así se habla de la prueba confesional, prueba testimonial, ofrecimiento de las pruebas, etc. [3]

 Así,  el artículo 135 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal establece:

Artículo 135.- La ley reconoce como medios de prueba:

I.- La confesión;

II.- Los documentos públicos y privados;

III.-Los dictámenes de peritos;

IV.- La inspección ministerial y la judicial;

V.-Las declaraciones de testigos, y

VI.-Las presunciones.

Se admitirá como prueba en los términos del artículo 20, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal, incluso aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia.

2.1.-  La PGJDF aportó (hojas 10 a 15 de la Consignación), los siguientes ELEMENTOS DE PRUEBA, ya que según argumento de ésta:

“PROBANZAS. Que valoradas en términos de lo dispuesto por los artículos 246, 261, y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, hacen prueba plena para la comprobación del cuerpo de los delitos que se analizaron.

La probable responsabilidad de…ISMAEL RICARDO AGUILAR SANCHEZ…se acreditó con los mismos elementos de prueba que sirvieron para considerar acreditado el cuerpo de los delitos, y con las imputaciones en contra de los indiciados formuladas por los ofendidos”

2.1.1.- Las declaraciones formuladas por los denunciantes

Como ya se advirtió anteriormente (puntos II y III de este documento), de la lectura de estas declaraciones, observamos que ninguna de las primeras declaraciones vertidas por las víctimas, unas horas después de sucedidos los hechos, en forma espontánea y sin aleccionamiento previo, es clara y precisa y están plagadas de lagunas, al respecto de la media filiación y características de sus agresores y no establecen la posibilidad de dar con éstos, como se observa en las declaraciones mismas y en los retratos hablados, elaborados a partir de éstas.

Tan es así que, la 11ª Sala Penal, en su resolución del Toca No. 745/93, en su Considerando DECIMO SEXTO, punto 2, pagina 457 v., al analizar sobre la inexacta descripción que hacen los denunciantes de sus agresores concluye lo siguiente:

“....luego entonces, si al no tener a la vista a sus agresores realizaron una media filiación con posibles discrepancias con la constitución física de los hoy acusados, ello se debió en un principio al estado de afectación que en tal momento se encontraban, además que se necesitaría ser un experto en fisonomía para detallar todos y cada uno de los rasgos físicos de una persona, pericia que no tiene ninguna de las víctimas de sus acompañantes e inclusive se debe tomar también en cuenta la manera en que se  verificaron los hechos (a través de violencia física y moral, desde que fueron interceptados, hasta que los acompañantes son encerrados en las cajuelas de los automóviles y violadas las damas en el interior de un vehículo y eso en forma tumultuaria), ya que en ese momento su percepción se altera lógica y naturalmente por la agresión sufrida...”.

Por lo que, si son los denunciantes en su declaración, quienes van a dar los datos necesarios para dar con los responsables de los delitos cometidos, y según concluye la 11ª Sala Penal, éstos tenían la percepción alterada por la agresión sufrida antes, según establece la misma Sala, de no ser expertos en fisonomía, lo cual argumenta como motivo por el cual dan datos inexactos y con discrepancias de sus agresores, y no hay ningún otro indicio, medio, fuente de información, o pericial en que la PGJDF, se apoye para dar con los responsables de los hechos, ¿Cómo logra la Procuraduría establecer una probable identidad de un grupo de personas y someter a éstas a una antijurídica diligencia de confrontación, consignarlas y sujetarlas  a un proceso judicial, y cómo los órganos jurisdiccionales avalan  estos hechos, si no se cuenta con una descripción clara y precisa de los agresores, como tácitamente lo está aceptando la misma Sala, como se aprecia en todo el expediente del Proceso y en los Considerandos y Resolución de la Juez 18 Penal y de la Sala 11ª Penal?

Tan sencillo como esto, es la víctima quien denuncia el hecho consecutivo de delito por ser quien lo vivió, por lo tanto, conoce y aporta las características físicas de sus agresores a los investigadores; quien investiga dichos hechos delictuosos a fin de dar con los responsables es la Procuraduría, mediante sus órganos, Ministerio Público y sus auxiliares, Policía Judicial y Servicios Periciales, y van a investigar con base a los datos aportados por las víctimas en sus declaraciones.

Por lo que surge la pregunta ¿ de qué declaración vertida y objetivamente sustentable, de qué descripción  física dada, de qué media filiación proporcionada, de que pericial, el Ministerio Público ubica a los probables responsables (entre los cuales “ubica” al que esto escribe) y los somete a una confrontación con los denunciantes, si las declaraciones de éstos NO SON CLARAS Y PRECISAS, al respecto de las personas responsables de los hechos como lo establece categóricamente el Artículo 217 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, consignándolos y vinculándolos posteriormente a un proceso judicial?

La PGJDF sólo conoció los datos o elementos proporcionados en las primeras declaraciones por la víctima, y con base a la certeza y eficacia de éstos podía o no identificar y dar con los probables responsables, amén de que en este caso ninguna pericial determina identidad alguna de los responsables de los injustos reprochados. Por lo que si el mismo órgano jurisdiccional determina que los denunciantes tenían la percepción alterada por la agresión sufrida antes, motivo por el cual realizaron una media filiación con discrepancias con la constitución física de los imputados, como ya se observo en apartados anteriores, es concluyente que las declaraciones de los pasivos no constituyen  ni constituyeron un medio de prueba para acreditar responsabilidad alguna en los hechos consecutivos de delito imputados a mi persona.

Los órganos jurisdiccionales actuantes, Juzgado 18º y 11ª Sala Penal, omitieron analizar las constancias con las que se da inicio al Proceso, esto es las Averiguaciones Previas, en donde se encuentran plasmadas las declaraciones iníciales de las víctimas, específicamente donde dan la descripción de sus agresores, declaraciones que motivan todo el Proceso,  y la forma en que se lleva a cabo el procedimiento de la diligencia de Confrontación, momento en el cual se dan las “identificaciones” o “reconocimientos”  de los presuntos responsables y como se dan estas “identificaciones”.

No obstante lo anterior, el órgano jurisdiccional denominado 11ª Sala Penal, va más allá en su Resolución de Sentencia, argumentando falsamente que en la declaraciones de los denunciantes estos me hacen imputaciones de haber cometido delitos en su contra:

a.- “…el dicho del encausado se encuentra sin sustento probatorio, el mismo se considera único, singular y aislado en contraposición a la firme y reiterada imputación de los ofendidos LILIANA F. G., GUILLERMO K. C. y ALFONSO F. G., de que ISMAEL RICARDO AGUILAR SANCHEZ intervino, conjuntamente con otros sujetos, en el ilícito que se le imputa el día 20 veinte de abril de 1989…” (foja 401v., de la Resolución del Toca 745/93).

b.- “…en contra del dicho único del encausado se tiene la firme y sostenida imputación que le hacen a éste, los ofendidos ELIZABETH G. y ARTURO P. H., respecto a los ilícitos cometidos en su contra el 4 cuatro de agosto de 1989…” (foja 404 f., de la Resolución del Toca 745/93).

c.- “…el dicho del encausado…se encuentra aislado, sin soporte probatorio alguno, en contra de la firme y reiterada imputación que en su contra hacen los ofendidos ANA CRISTINA Z. A. Y LUIS HUMBERTO B. S., en el sentido del que el acusado cometió en su contra los ilícitos que se le imputan el día 30 treinta de noviembre de 1989…” (foja 405 f., de la Resolución del Toca 745/93).

El argumento de la 11ª Sala Penal es FALSO de toda falsedad, ya que de las constancias procesales se observa que ni GUILLERMO, ni ALFONSO, ni ARTURO, ni ANA CRISTINA me “identifican” o hacen imputación alguna; por lo que este órgano jurisdiccional incurre en un acto ilícito prescrito y sancionado en el artículo 225 del Código Penal vigente en el tiempo de la resolución (hoy Código Penal Federal).

Artículo 225.- Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos los siguientes:

…VI. Dictar, a sabiendas, una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley, o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio o al veredicto de un jurado; u omitir dictar una resolución de trámite, de fondo o una sentencia definitiva lícita, dentro de los términos dispuestos en la ley.

…VII. Ejecutar actos o incurrir en omisiones que produzcan un daño o concedan a alguien una ventaja indebidos;

VIII. Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;

Al caso son aplicables las siguientes tesis jurisprudenciales:

DELITOS COMETIDOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. SON SUJETOS ACTIVOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS TANTO DEL PODER EJECUTIVO COMO DEL PODER JUDICIAL (CÓDIGO PENAL FEDERAL). Para la debida interpretación del artículo 225 del Código Penal Federal, no debe entenderse como administración de justicia su concepto más restringido que se refiere a la función jurisdiccional de los tribunales, sino que es necesario atender a un sentido más amplio, que va desde la actividad desplegada por el Ministerio Público y la Policía Judicial que auxilia a dicha institución en la investigación y persecución de los delitos -procuración de justicia-, hasta la ejecución de las sentencias, función que está a cargo del Poder Ejecutivo, pues así se desprende del análisis integral de las diversas fracciones del mencionado precepto legal, que contienen tipos penales en los que se sancionan conductas que pueden ser realizadas por servidores públicos de ambos poderes, y no sólo por aquellos relacionados con el Poder Judicial Federal, como son los Magistrados, Jueces, secretarios y actuarios.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Tesis III.1o.P.54 P. Tomo XVII, Enero de 2003. Pág. 1760.

DELITO CONTRA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA COMETIDO POR SERVIDOR PUBLICO. El ilícito previsto en la fracción VII del artículo 225 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y aplicable en toda la República tratándose del Fuero Federal, en su hipótesis de "ejecutar actos o incurrir en omisiones" que "concedan a alguien una ventaja indebida", prevé aquellas situaciones en donde el servidor público, en el desempeño de sus funciones, en forma ilegal actúa o deja de hacerlo, con el ánimo de favorecer a alguna persona en el asunto o controversia sometido a su conocimiento, con violación al principio de equilibrio o igualdad de las partes ante la ley.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tomo III Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989. Página 248.

En las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se observa que éstos dan por cierta mi responsabilidad penal en los injustos reprochados, sólo con el testimonio único y el singular de la parte agraviada (aun cuando en sus primeras declaraciones no aportan datos o elementos que puedan ayudar a dar con los ignotos, como ya se observo en líneas anteriores) el cual es totalmente insuficiente para fundamentar una sentencia condenatoria como la que dictaron.

La exigua validez probatoria del testimonio singular (testis unus estis nullus), se apoya en los siguientes argumentos:

a.- No hay razón para dar mayor crédito al dicho de uno que afirma frente a otro que niega; yo niego categóricamente responsabilidad alguna en los hechos imputados y pruebo mi dicho.

b.- El testimonio singular constituye una imputación (tal y como lo establece en la consignación la PGJDF), no una demostración de responsabilidad.

c.- Frente a toda acusación se alza una presunción de inocencia

d.- De la acusación no nace una prueba, sino una sospecha, y dar valor al testimonio singular, del que nace precisamente la sospecha, sería tanto como probar la acusación con la acusación.

Es concluyente que el testimonio singular más que un medio de prueba constituye el objeto de la misma.

Así es de observarse los criterios jurisprudenciales al respecto.

TESTIGO SINGULAR. El dicho de un testigo singular es insuficiente, por sí solo, para fundar una sentencia condenatoria.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/37.Tomo III, Enero de 1996. Pág. 229.

OFENDIDO. VALORACION DE LA DECLARACION DEL, EN DELITOS COMETIDOS EN AUSENCIA DE TESTIGOS. Debe convenirse, ante todo, que en la prueba de la responsabilidad en determinados delitos que, por su naturaleza, se verifican casi siempre en ausencia de testigos y que, por lo tanto, sólo se puede apreciar lo que sobre los hechos declararon los protagonistas, tiene singular importancia la declaración de la ofendida, pero ello no significa que tal declaración no se valore con análisis crítico y conforme a las normas que regulan la valoración de la prueba testimonial, pues la declaración de un ofendido, como la de todo testigo, tiene determinado valor, en proporción al apoyo que le presten otras pruebas, datos o circunstancias que obren en el sumario, a fin de establecer si se encuentra robustecida, para que adquiera validez preponderante, de tal manera que, si concurren datos o circunstancias que produzcan duda o reticencia, esa declaración pierde el valor preponderante que normalmente se le concede en esta clase de delitos.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tomo VII, Junio de 1991. Página 335.

TESTIGOS. SUS PRIMERAS DECLARACIONES ADQUIEREN VALOR PREPONDERANTE SOBRE LAS POSTERIORES. En el procedimiento penal debe darse preferencia a las primeras declaraciones que los testigos producen recién verificados los hechos y no a las modificaciones o rectificaciones posteriores, tanto porque lógico es suponer espontaneidad y mayor veracidad en aquéllas y preparación o aleccionamiento hacia predeterminada finalidad en las segundas, como porque éstas sólo pueden surtir efecto cuando están debidamente fundadas y comprobadas.

Apéndice de 1995, Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tomo II, Parte TCC. Pág. 483. Tesis de Jurisprudencia 752.

TESTIGOS, VALOR PREPONDERANTE DE SUS PRIMERAS DECLARACIONES.- Las primeras declaraciones son las que merecen mayor crédito, pues por su cercanía con los hechos son generalmente veraces, por no haber existido tiempo suficiente para quien las produce, reflexione sobre la conveniencia de alterar los hechos. Este criterio jurídico que da preferencia a las deposiciones iníciales, tiene su apoyo en el principio lógico de contradicción; y cabe aplicarlo no sólo tratándose de retractaciones hechas por el acusado, o por los testigos, sino también por la ofendida.

Sexta Época. Segunda Parte: Vol. XV. Página 149. A.D.214/57 Calixto Cruz Santos, Unanimidad 4 Votos.

El Juzgado 18º y la Sala 11ª Penal solo dan por cierta mi responsabilidad  única y exclusivamente con el “reconocimiento e imputación” basada en una copia fotostática de mi fotografía, proporcionada a la PGJDF a manera de  cooperación por la PGR,  y  NO HAY NINGUNA  PROBANZA EN TODO EL PROCESO que indique que yo soy probable responsable de los delitos imputados; no hay elementos claros y contundentes aportados por los denunciantes en sus primeras declaraciones que den pista, para llevar al Órgano Investigador a dar con la identidad de los responsables de las ofensas mencionadas, ni tampoco existieron, como se puede observar en las constancias procesales, elementos de convicción probados que dieran por cierta mi responsabilidad en la comisión de los injustos reprochados.

Tan es así, que la PGJDF aportó (hojas 10 a 15 de la Consignación), como elementos de prueba, sólo y únicamente “copias fotostáticas de las fotografías que se tuvieron a la vista”; nunca presenta fotografías originales; amén de que acepta la inducción a la que fueron objeto los denunciantes al establecer que estas copias fotostáticas “se tuvieron a la vista.”

La Corte, al respecto, ha sustentado el siguiente criterio:

COPIAS FOTOSTATICAS. VALOR PROBATORIO DE LAS. Las copias fotostáticas no pueden considerarse documentos privados, sino medios de prueba como son las fotografías y éstas carecen de valor probatorio pleno de no encontrarse debidamente certificadas, por lo tanto su valor queda reducido al de un indicio y sirve de prueba en tanto no se encuentren desvirtuadas.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tesis de Jurisprudencia VI. 2o. J/137. Tomo VIII, Julio de 1991. Pág. 97.

COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES, VALORACION DE LAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 133 y 136 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias fotostáticas simples no pueden considerarse documentos privados, quedando en cambio comprendidas dentro de los medios de prueba a que se refiere la fracción VII del artículo 93 del aludido ordenamiento adjetivo. En consecuencia para determinar su valor probatorio debe aplicarse el diverso 217 de la misma codificación legal y no los artículos 205 a 210 que se refieren a la apreciación de los documentos privados; y así, de acuerdo con el primero de dichos dispositivos, las copias fotostáticas carecen de valor probatorio pleno si no se encuentran debidamente certificadas, por lo que su valor probatorio queda al prudente arbitrio judicial, con independencia de que no hayan sido objetadas.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Número 86-1, Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/354.Febrero de 1995. Pág. 46.

COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.

Apéndice de 1995, Tercera Sala. Octava Época. Tesis de Jurisprudencia 193.Tomo VI, Parte SCJN. Pág. 132.

2.1.2.- La fe ministerial  del peritaje de retratos  hablados.

Estas periciales se ubican a fojas 20 a 40 del tomo I del proceso 6/90, y en éstas no se determina que tal o cual retrato hablado corresponde a tal o cual persona, o que determinado retrato hablado sirvió para dar con los responsables de los hechos denunciados[4]; cabe hacer mención que no todas las denunciantes elaboran retrato hablado, como se observa a continuación:

 La 11ª Sala  Penal en la Resolución del toca 745/93, en su Considerando Cuarto, punto 119, página 218 f., transcribe las Conclusiones del dictamen del Perito de la Defensa en materia de retrato hablado, el cual en su conclusión OCTAVA, establece textualmente:

“No es posible la elaboración de un retrato hablado únicamente con base en las características y media filiación proporcionados por las víctimas en sus declaraciones.... si se toman como base los datos proporcionados, dan como resultado retratos incompletos o mutilados...”

Al observarse  todas  las descripciones  físicas  de los  agresores, y los retratos hablados elaborados por las denunciantes, en sus primeras declaraciones, al hacer la comparación con las fotostáticas de las fotografías de mi persona, por medio de las cuales fui inducidamente "reconocido", como se observa en Autos, se llega a la total certeza de que no hay ninguna similitud, ni punto de concordancia, en dichas comparaciones, por lo que en el proceso, no hay descripción física, retrato hablado o algún indicio o circunstancia que sustenten los falsos, erróneos o inductivos "reconocimientos" hacia mí persona, por parte de las denunciantes, con los cuales la PGJDF, con base a estos "reconocimientos", considera como probada verazmente mi responsabilidad en los delitos imputados.

Baste dar una somera lectura a los oficios respecto de los retratos  hablados, para observar que en ninguno de estos se establece la identidad de los presuntos responsables.             

2.1.3.- La fe ministerial de los exámenes ginecológicos, proctológicos, lesiones, edad clínica probable y certificados médicos relativos a las denunciantes.

La PGJDF pretendió acreditar el tipo penal y la probable responsabilidad con los mismos elementos de prueba, ofreciendo para este fin, diferentes peritajes.

Recibe el nombre de peritaje el examen de personas, hechos u objetos, realizado por un experto en alguna ciencia, técnica o arte, con el objeto de ilustrar al juez o magistrado que conozca de una causa civil, criminal, mercantil o de trabajo, sobre cuestiones que por su naturaleza requieran de conocimientos especializados que sean del dominio cultural de tales expertos, cuya opinión resulte necesaria en la resolución de una controversia jurídica. Por lo que deviene a ser un medio de prueba mediante el cual una persona competente, atraída al proceso, lleva a cabo una investigación respecto de alguna materia o asunto que forme parte de un juicio, a efecto de que ese tribunal tenga conocimiento del mismo, y pueda estar en posibilidad de resolver respecto de los propósitos perseguidos por las partes en conflicto, cuando carezca de elementos propios para hacer una justa evaluación de los hechos.

El dictamen pericial debe ajustarse a las disposiciones legales respectivas para otorgarle eficacia probatoria siendo éste un auxiliar eficaz para el juzgador, que no puede alcanzar todos los campos del conocimiento técnico o científico que exijan una preparación de la cual carece. En cuanto al peritaje debemos agregar que son precisamente los conocimientos especiales los que lo integran, por cuya razón no puede hablarse de peritaje donde no sean necesarios éstos, pues de ello deriva su importancia en la dilucidación de una serie de asuntos. El peritaje, en esencia, es el método de aplicación de la ciencia en el campo de aplicación de la justicia.[5]

La pericial médica en ginecología, proctología, lesiones, edad clínica probable y certificados médicos relativos a las denunciantes, sólo sirvió en algunos casos, para acreditar el tipo penal, pero no para establecer la identidad de los responsables, ya que certifica que hubo una agresión sexual, pero no certifica quien la llevo a cabo; esto con base en las siguientes tesis jurisprudenciales:

CERTIFICADO MEDICO GINECOLOGICO. NO APTO PARA ACREDITAR EL DELITO DE VIOLACION. Para la configuración del delito de violación no se requiere que la víctima hubiere sido virgen, pero en caso de que ésta presente desfloración antigua, el certificado médico ginecológico resulta inapto para acreditar ese elemento del tipo y, por tanto, deberá demostrarse con otros datos que mediante la violencia física y/o moral el activo tuvo cópula con una persona en contra de la voluntad de ésta y si del cúmulo de pruebas en las que la responsable basó su determinación no se acredita plenamente ese hecho, debe decirse que las pruebas existentes en autos resultan insuficientes para tener por comprobados los elementos del tipo y la responsabilidad penal del quejoso en su comisión.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Tesis II.2o.P.A.20 P. Tomo III, Enero de 1996. Página 269.

VIOLACIÓN TUMULTUARIA, CERTIFICADO MÉDICO TRATÁNDOSE DE.- Tratándose de una violación tumultuaria no es posible que el certificado médico ginecológico, que es un dictamen de carácter técnico, establezca que la persona o una de las personas que copuló con la agraviada haya sido exactamente el inculpado.

Amparo Directo 2150/74, Ricardo Olvera Fernández, 6 de septiembre de 1974, 5 votos. Ponente: Manuel Rivera Silva. Séptima Época, Vol. 69, Segunda parte, Pág. 49. Compilación antecedentes de la Primera Sala 1969-1985 p. 1018.

Sin ánimo de desvirtuar el delito, que según las declaraciones de los policías preventivos juzgados y sentenciados en el Juzgado 53° Penal en la Causa 104/90 si existió, si es importante de resaltar lo que se observa en varios de estos peritajes, los cuales dictaminan y concluyen  de manera general lo siguiente:

 “CONCLUSIONES: Quien dice llamarse ELIZABETH G., al examen ginecológico, presenta desfloración no reciente, sin datos clínicos de embarazo, ni de enfermedad venérea. Al examen proctológico se encuentra sin alteraciones”. (foja 244f. y v. Tomo I del proceso 6/90).

O bien dice lo siguiente:

"CONCLUSIONES.- La que dice llamarse SONIA A. C., es púber, integra, si huellas externas de lesiones recientes, no presenta desfloración (himen elástico, integro de los que permiten la penetración sin desgarrarse). Al examen proctológicos normal. Al momento del examen sin datos clínicos de embarazo ni enfermedad venérea”. (foja 8f. y v. Tomo II-4 del proceso 6/90) 

En iguales circunstancias  y prácticamente  con los mismos textos están los dictámenes medico ginecológico, proctológico de las denunciantes María Alejandra P. T. (foja 6v. tomo II-3 del proceso 6/90),  María Isabel R. M. (foja 293f. tomo I del proceso 6/90) y Ana Cristina Z. A.; por  lo que sin querer  negar la existencia  del delito, pues como ya se ha hecho mención, mi defensa se baso en demostrar que yo no fui el responsable de el; las mencionadas periciales medicas, algunas, ni siquiera sirven para conformar el cuerpo del delito, ya que no concluyen que hubiera signos de alguna agresión física o sexual.

2.1.4.- La fe ministerial de los dictámenes químicos.

En los peritajes químicos se observa que dictaminan, que se encuentran residuos de semen en los exudados practicados a las víctimas y en las prendas intimas de éstas, detectados mediante la prueba de fosfatasa ácida, (la cual se usa para determinar la existencia de residuos orgánicos como sudor, saliva, orina, sangre, exudado vaginal, etc.,) pero en ningún momento en dichos peritajes se dictamina que dicho semen corresponde a mi persona o a alguno de mis coacusados, (1.- de Eva Ruth D. B., foja 111, Tomo I del proceso 6/90;  2.- de Liliana F. G.,  foja 13f. y v. Tomo I del proceso;.  3.- de Martha Patricia V. M., foja 160f y v. a 62f. Tomo I del proceso; 4-  de María Isabel R. M., foja 279f. a 321f. Tomo I del proceso; en las constancias del proceso, se observa que en las A.P. de las demás denunciantes no les fue practicado peritaje químico alguno), por lo que en algunas  averiguaciones previas el peritaje fue un elemento para conformar el cuerpo del delito, pero no para demostrar mi responsabilidad, ya que dice que hay semen, pero no que el semen sea mío.

Tan esto es cierto que la 11ª Sala  Penal dictaminó, en su Resolución del Toca 745/93 en su Considerando DÉCIMO SEXTO, punto 7, página 459v., que:

“...no se determinó que esas muestras de semen correspondan a alguno o algunos de los hoy acusados...”

2.1.5.- La fe ministerial de los dictámenes dactiloscópicos.

En la fe ministerial de los vehículos de las víctimas, se concluye, que en la búsqueda de indicios y material sensible, se detectaron fragmentos de huellas dactilares, las cuales fueron sometidas al peritaje  en dactiloscopia respectivo, resolviendo  la 11ª Sala Penal, en el Toca 745/93 en su punto 78, pagina 206 v., lo siguiente:

“...ninguno de los dactilogramas de los antes presentados coinciden con los fragmentos útiles del lugar de los hechos...”

 Asimismo, este órgano jurisdiccional, en su Resolución de Toca 745/93, manifiesta en su Considerando DÉCIMO, punto 12, inciso b, páginas. 419v., lo siguiente:

“...se tiene en cuenta que ninguna de las huellas recabadas y sometidas a examen corresponde a los acusados...”

Es concluyente que dichos dictámenes en dactiloscopia nunca establecieron  la identidad de los presuntos responsables, (más adelante se mostraran peritajes que no fueron aceptados como pruebas supervenientes y que si establecen la identidad de estas huellas dactilares pertenecientes a los responsables de estos hechos delictivos).

2.1.6.- La fe  ministerial   de  los dictámenes   e informes   en materia de valuación y contabilidad.

En estos dictámenes mencionados por la 11ª Sala  Penal en el Toca 745/93, en los puntos 64, 66, 67, 68 y 69; páginas. 199f, 200f, 200v, 201f, y 202f; este órgano jurisdiccional determina y concluye en la pág. 430 de su Considerando DÉCIMO PRIMERO, punto 8, lo siguiente:

“...si bien es cierto que en el expediente obran diversos dictámenes e informes en materia  de valuación y contabilidad, también es cierto que estos fueron rendidos tomando en cuenta únicamente las declaraciones de los sujetos pasivos de dichos ilícitos, por lo que es procedente desestimar tales pericitaciones con base en la facultad que le confiere el numeral 254 de la Ley Adjetiva Penal.”

Por los que dichos dictámenes de valuación y contabilidad,  nunca establecieron  ningún  indicio  o evidencia que hiciera posible determinar la identidad de los presuntos responsables.

2.1.7.- La fe ministerial de los dictámenes de Criminalística.

En éstos se hace un estudio de la mecánica utilizada por los agresores (modus operandi), la observación del lugar de los hechos y la revisión de los vehículos de los denunciantes, pero en ningún momento establecen en alguna de sus conclusiones la identidad de los agresores,(foja 61 del tomo II-3 del proceso 6/90).

Aquí la PGJDF incluye peritajes de dos Averiguaciones Previas que no aparecen en el Proceso 6/90, la A.P. 23ª/ 3357/989-09 y la 17ª/ DS/ 223/989-12, la pregunta es ¿Qué pasó con estas A.P; porque no las consignaron?

2.1.8.- La fe  ministerial de las Inspecciones Oculares  en los lugares de los hechos

En éstas se concluye que los denunciantes identifican el lugar donde fueron agredidos, pero nunca establecen quién o quienes fueron los agresores (fojas 59 y 60 del tomo II-3 del proceso 6/90).

2.1.9.- La fe ministerial de lo declarado por los testigos de preexistencia y falta posterior de lo robado.

Estas declaraciones fueron transcritas por la 11ª Sala Penal, en el Toca No. 745/93, en los puntos 24A, 24B y 45, páginas 48f, 48v. y 75v.; este órgano jurisdiccional determina y concluye en la página  430 de su Considerando DÉCIMO PRIMERO, punto 8, de la Resolución de la apelación lo siguiente:

“...que los testigos que se presentaron avalaron la capacidad económica con que cuentan para traer consigo esas sumas de dinero y hasta mayores a esas; también es cierto, primero, que no quedo demostrado en el expediente que en los días de los hechos los hoy ofendidos trajeran consigo el numerario que declaran como que les fue robado e inclusive, a los propios testigos de capacidad económica tampoco les consta que en las fechas de los desapoderamientos aquellos llevaran esas cantidades de dinero en su poder.”

Por lo que dichas declaraciones de los testigos de preexistencia y falta posterior de lo robado,  nunca establecen  ningún indicio o circunstancia que presuma la identidad de los presuntos responsables, ya que incluso se observa que no les constan los hechos.

2.1.10.- La fe ministerial de anillo.

El análisis del anillo se hará en la A.P. 22/DS/68/989-07 iniciada por los denunciantes Eva Ruth D. B., y su novio Roberto A. H., por hechos acontecidos el 13 de julio de 1989 a las 20:40 hrs., en el punto 2.3.1.2., incisos A, k.

2.1.11.- La fe ministerial de los informes de investigación de la Policía Judicial del Distrito Federal. 

La PGJDF aportó, sólo en algunos casos, la fe ministerial de los informes de Policía Judicial del Distrito Federal, transcritos por la 11ª Sala Penal, en el resolutivo del Toca 745/93, en los puntos 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 271 y 272 (págs. 255f., 256f., 256v. y 258v.); informes en que se observa se concluye lo mismo, no cuentan con elementos para dar con los responsables de los hechos delictuosos, por lo que con base a los resultados negativos obtenidos por los investigadores de la PGJDF, la mencionada Sala, dictamina en su Considerando DÉCIMO, punto 8, página 419f., lo siguiente:

“…En cuanto a los informes de la Policía Judicial suscritos por DANIEL BALAM MEDINA, ALEJANDRO ENRIQUE PAREDES PEÑA, MARTÍN VERA MURILLO…...JULIO GUERRERO AGUILA y PEDRO LUIS MORENO RAMIREZ, no tienen trascendencia (sic) por la fuente de información que tuvieron o sea las propias ofendidas…”.

Aquí la 11ª Sala  Penal se sale de toda lógica en mi perjuicio, y avala lo igualmente dictaminado por la Juez 18 Penal, en el sentido de no darle validez alguna a los informes de Policía Judicial del Distrito Federal, por la fuente de información que tuvieron o sea las propias ofendidas, sólo porque esa fuente “no pudo aportar datos viables para la investigación”. Es bien claro que los investigadores sólo conocían los datos o elementos proporcionados por los denunciantes, y son éstos su primera fuente de información, porque son éstos a los que les constan los hechos que denuncian, independientemente que no aporten datos suficientes y vastos para la investigación, ya que son éstos los que vivieron los hechos; entonces es ilógico desestimar los informes de Policía Judicial por la fuente que tuvieron, sólo porque esa fuente “no pudo aportar datos viables para la investigación”, como dicen en sus informes los investigadores. Entonces ¿con base a qué “investigaciones”, la PGJDF llega a determinar quienes son los responsables de los hechos delictivos en cuestión? El expediente donde se observa la verdad histórica de los hechos no contesta esta interrogante.

Por todo lo anterior expresado es de concluirse que no hubo investigación alguna por parte de la Policía Judicial del Distrito Federal que indicara que había algún indicio o pista que llevará a la identificación de los responsables de los hechos delictuosos mencionados, es más, en algunas de las Averiguaciones Previas, no hubo ni investigación por parte de la Policía Judicial como se observa a continuación:

El Juzgado 18º y la 11ª Sala Penal, inaplican, en mi perjuicio, el artículo 286 del Código de Procedimientos  Penales para el Distrito Federal, el cual establece:

Artículo 286.- Las diligencias practicadas por el Ministerio Público y por la policía judicial tendrán valor probatorio pleno siempre que se ajusten a las reglas relativas de este Código.

Luego  entonces, los informes de investigación de la Policía Judicial del Distrito Federal tienen y tenían valor probatorio pleno, ya que en las actuaciones del proceso no se observa que ninguno de los órganos jurisdiccionales haya hecho mención y objetado, que la mencionada Policía Judicial se hubiera apartado de las reglas que instituye, para su actuación, el Código Adjetivo.

Al respecto, la Corte ha establecido las siguientes tesis jurisprudenciales:

 POLICIA JUDICIAL FEDERAL, INFORMES DE LA. CONSTITUYEN DOCUMENTOS PUBLICOS. El documento que contiene el informe rendido por la policía judicial federal, sí es desde el punto de vista formal un documento público, en los términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aun cuando no contenga sello alguno, si está signado por los elementos de la policía judicial federal, quienes de acuerdo con los artículos 21 de la Constitución General de la República, 2o. y 113 del Código Procesal Penal Federal, 3ro, 35, fracciones II y VII, y 40, fracción III, de la Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, son los funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones y bajo la dependencia inmediata del agente del Ministerio Público Federal, deben practicar las investigaciones que sean necesarias para integrar la averiguación previa que procede a toda causa instaurada con motivo de los delitos de orden federal; además, si las firmas que obran en dicho documento, así como su contenido, son ratificadas por sus signatarios ante el fiscal federal, es precisamente en razón de la investidura legal de dichas personas que firman el oficio respectivo, lo que le atribuye el carácter de documento público a la constancia de referencia, sin que para ello obste la clase de papel que se utilice para hacer constar hechos de quienes lo firmaron y tuvieron conocimiento de los mismos.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala. Séptima Época. Volumen 73 Segunda Parte. Pág. 27.

POLICIA JUDICIAL, CARACTER PROBATORIO DE LOS PARTES DE AGENTES DE LA.

Los partes informativos de policía judicial no deben ser objeto de invalidez cuando al ser ratificados por los agentes que los suscriben, no se cumplan los requisitos y formalidades que la ley señala para el desahogo de la prueba testimonial, ya que dichos partes constituyen informes de los agentes de la policía judicial a sus superiores y al Ministerio Público sobre el resultado de sus investigaciones y, por lo mismo, las formalidades que deben guardar para su eficacia probatoria son las que la ley señala para la prueba documental; por tanto, la ratificación de dichos partes ante autoridad competente debe enderezarse a relacionarlos con las personas que los suscriben, resultando de ello que el juez los valore ponderadamente y determine su eficacia si se encuentran relacionados con otros elementos probatorios.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala. Séptima Época. Volumen 49 Segunda Parte. Pág. 27.

POLICÍA JUDICIAL. PARA OTORGAR VALOR PROBATORIO A SUS INFORMES NO DEBE TOMARSE EN CUENTA LA FORMA EN QUE LOS POLICÍAS REALIZARON LAS INVESTIGACIONES O LA PERSONA DE QUIEN OBTUVIERON LA INFORMACIÓN, SINO QUE ES NECESARIO QUE SE ENCUENTREN CORROBORADOS CON OTRAS DILIGENCIAS DE PRUEBA DESAHOGADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación literal del artículo 195, último párrafo, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que dispone que "Las investigaciones y demás diligencias que practiquen los agentes de la Policía Judicial, tendrán valor de testimonios que deberán complementarse con otras diligencias de prueba que practique el Ministerio Público, para atenderse en el acto de la consignación.", se advierte que el informe policial, per se, no tiene valor alguno si no se corrobora con otras diligencias de prueba; por tanto, no importa cómo los policías realizaron las investigaciones o de quién obtuvieron la información que anotaron, pues ello no hace que el informe tenga mayor o menor valor, sino, como se dijo, es necesario que se encuentre corroborado con otras diligencias de prueba, desahogadas por el Ministerio Público.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Tesis VI.2o.P.93 P. Tomo XXVI, Octubre de 2007. Pág. 3251.

PRUEBA PERICIAL, APRECIACION LIBRE DE LA. Aunque el juzgador goce de libre apreciación de la prueba pericial, de acuerdo con la facultad que al efecto le concede la ley, esta obligado a expresar claramente los motivos que determinan cada apreciación, puesto que la facultad de libre valoración en materia probatoria, no implica su arbitrario ejercicio sino que es una facultad discrecional, cuya aplicación tendrá, en todo caso, que justificarse al través del respectivo razonamiento lógico.

Semanario Judicial de la Federación. Tercera Sala. Sexta Época. Volumen: Cuarta Parte, XXI. Página 136.

Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con la jurisprudencia 242, página 681.

2.2. Estudio y valoración de elementos de prueba anteriormente referidos, por parte de los órganos jurisdiccionales, para efectos de declarar si son o no suficientes e idóneos para acreditar, en los términos del artículo 122 del Código de Procedimientos Penales[6], los elementos del tipo penal de VIOLACION, previsto en el artículo 265 del Código Penal (vigente en el tiempo de los hechos), cometido en agravio de las denunciantes.

Los órganos jurisdiccionales denominados Juzgado 18° Penal y 11ª Sala Penal, ambos pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal vulneraron en mi perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídicas contemplados en los artículos 14 párrafos segundo y tercero, 16 párrafo primero, 17 párrafo segundo y 133 del Pacto Federal; los derechos humanos previstos en los artículos 9.1, 14.1, 14.2 y 17.1  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.2, 8.1 y 8.2, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos [7], ya que inaplican o aplican inexactamente la norma jurídico-penal, al no acreditar completa y correctamente las características descriptivas y normativas del tipo penal imputado, violentando las formalidades esenciales del procedimiento y la exacta aplicación de la ley penal, por lo que sus resoluciones de sentencia, dictadas con ausencia de prueba plena de responsabilidad,  conculca mis garantías constitucionales y derechos humanos enunciados.

2.2.1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece:

Artículo 14.-…Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata.

Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Artículo 17...Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

Analizaremos porqué la autoridad responsable inaplica o aplica inexactamente la norma jurídico-penal, lo que motiva que no se acredite completa y correctamente las características descriptivas y normativas del tipo penal imputado, violentando las formalidades esenciales del procedimiento y la exacta aplicación de la ley penal:

A.- El Diccionario de la Lengua Española define:

Tipo. En la legislación penal o sancionatoria, definición por la ley de una conducta o efectos de la imposición de la pena o sanción correspondiente. [8]

En la Enciclopedia Jurídica Mexicana [9]se observa que el tipo incluye elementos descriptivos que son aquellos que pueden ser captados por medio de los sentidos, y normativos respecto de los cuales es necesaria una valoración jurídica o cultural. El más importante de los elementos descriptivos es la acción; concurriendo ciertas modalidades, como por ejemplo a la víctima, al lugar en que la acción debe ser realizada, al objeto, al tiempo, al medio empleado por el autor, a la finalidad, etc.

El concepto de la Corte al respecto, tiene apoyo en la siguiente tesis:

TIPO PENAL. INDICIO DE CULPABILIDAD. Es bien sabido que el tipo penal aparece como el conjunto de todos los presupuestos a cuya existencia se liga una consecuencia jurídica; o, en el propio sentido jurídico penal, significa más bien el injusto descrito concretamente por la Ley en los preceptos que lo definen y sancionan, por lo cual el tipo penal es indicio, más no fundamento de la culpabilidad.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, 5a. Época, Tomo: CXXIX, Página: 535

B.- La 11ª Sala Penal, en su considerando QUINTO de su resolución de sentencia, visible en foja 302 f., establece:

“…esta Sala se avocará en primer término al estudio y valoración de las pruebas referidas en el Considerando CUARTO, para efectos de declarar si son suficientes e idóneas para acreditar, en los términos del artículo 122 del Código de procedimientos Penales, los elementos del tipo penal de VIOLACION (DIVERSOS), previsto en el artículo 265 del Código Penal, cometido en agravio de las hoy ofendidas…”

Y continúa en la foja 302 v:

“Las probanzas, testimonios, periciales e indicios enlistados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 65, 73, y 77 del Considerando CUARTO de esta sentencia, los cuales debidamente analizados y justipreciados en los términos de los artículos 246, 250, 254, 261 y 286 del Código Adjetivo Penal, son suficientes para tener plenamente acreditados los elementos del tipo de VIOLACION, como ya se dejó asentado.”

En la foja 318 v., se observa en el último párrafo que el mencionado órgano jurisdiccional concluye:

“En consecuencia, dentro de este marco probatorio, han quedado plenamente acreditados los elementos integrantes del tipo penal a estudio, lo que evidencia que la acción dolosa de los sujetos activos vulneró el bien jurídicamente protegido por la norma, que es la libertad sexual.”

C.- El artículo 265 del Código Penal, norma vigente en el tiempo de los hechos describía la conducta prohibida en el tipo penal de violación de la siguiente forma:

Artículo 265.- Al que por medio de la violencia física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá prisión de ocho a catorce años.

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, independientemente de su sexo.

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a catorce años, al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido.

La 11ª Sala Penal omite citar este numeral a estudio, en su fundamentación y analizar los elementos descriptivos que conforman el tipo penal de violación, tal y como se observa en las actuaciones mostradas; al respecto se observa lo siguiente:

a.- No comprueba el elemento descriptivo de la acción el cual es: “Al que…realice cópula con persona de cualquier sexo”

b.- No establece el medio empleado, el cual es: “por medio de la violencia física o moral…”

c.- No determina la voluntad de la víctima.

La 11ª Sala Penal omitió aplicar la siguiente opinión jurisprudencial de la Corte, para establecer los elementos descriptivos que conforman el tipo penal de violación:

VIOLACION, DELITO DE. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL TIPO PENAL DEL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). De conformidad con el artículo 157, del Código Penal para el Estado de Chiapas, los elementos que integran el tipo penal de violación, son: a). Cópula realizada en persona de cualquier sexo; b). El empleo de la violencia física o moral; y, c). Ausencia de voluntad del ofendido.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito. 9a. Época. Tomo: II, Tesis XX.15 P. Julio de 1995, Página: 285

d.- Y concluye que:

“Las probanzas, testimonios, periciales e indicios enlistados en los incisos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 66, 73 y 77 del Considerando CUARTO de esta sentencia los cuales debidamente analizados y justipreciados en términos de los artículos 246, 250, 254, 261 y 286 del Código Adjetivo Penal, son suficientes para tener plenamente acreditados los elementos del tipo de  VIOLACION…”.

Con estas pruebas pretende motivar su errónea fundamentación, y cubrir los elementos descriptivos del tipo penal a estudio.

El artículo 16 constitucional, establece en su primer párrafo que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente fundado, entendiéndose esto como la obligación de citar exacta y correctamente los preceptos legales, sustantivos y adjetivos, en que se apoye la determinación adoptada.

La 11ª Sala Penal violenta esta norma constitucional al omitir citar el numeral 265 del Código Sustantivo, la cual describía la conducta prohibida en el tipo penal de violación, surgiendo la pregunta ¿cómo pretende determinar “los elementos del tipo de  VIOLACION”, cuando omite citar el citado artículo, que es el que los establece?

Este órgano jurisdiccional vulnera este mandato constitucional y el establecido en el 17 párrafo segundo del mismo ordenamiento supremo, al citar en su fundamentación el “artículo 286 del Código Adjetivo Penal”, para acreditar el tipo penal el tipo penal a estudio, ya que como se observo en el punto 2.1.11, la 11ª Sala Penal determinó en su Resolución de sentencia que los informes de investigación de la Policía Judicial del Distrito Federal  “no tienen trascendencia (sic) por la fuente de información que tuvieron o sea las propias ofendidas”, por lo que es dable preguntar ¿Por qué si establece lo anterior, cita, de manera parcial, el numeral 286 referido, para fundamentar que con base a éste (y otros), que acreditó los elementos del tipo penal que se analiza?

Los artículos 246, 250, 254, 255, 261 y 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente en el tiempo de los injustos reprochados, hechos valer por la 11ª Sala Penal establecían:

Artículo 246.- Los jueces y tribunales apreciarán las pruebas, con sujeción a las reglas de este capitulo.

Artículo 250.- Los instrumentos públicos harán prueba plena, salvo el derecho de las partes para redargüirlos de falsedad y para pedir su cotejo con los protocolos o con los originales existentes en los archivos.

Artículo 254.- La fuerza probatoria de todo juicio pericial, incluso el cotejo de letras y los dictámenes de peritos científicos, será calificada  por el juez o tribunal, según las circunstancias.

Artículo 255.- Para apreciar la declaración de un testigo, el tribunal o  juez tendrá en consideración:

I.            Que el testigo no sea inhábil por cualquiera de las causas señaladas en este Código;

II.Que por su edad, capacidad e instrucción, tenga el criterio necesario para juzgar el acto;

III.Que por su probidad, la independencia de su posición y antecedentes personales, tenga completa imparcialidad;

IV.Que el hecho de que se trate sea susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que el testigo lo conozca por sí mismo y no por inducciones ni referencias de otro;

V.Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales, y

VI.Que el testigo no haya sido obligado por fuerza o miedo, ni impulsado por engaño, error o soborno. El apremio no se reputará fuerza.

Artículo 261.- Los jueces y tribunales según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena

Artículo 286.- Las diligencias practicadas por el Ministerio Público y por la policía judicial tendrán valor probatorio pleno, siempre que se ajusten a las reglas relativas de este Código

D.- En el primer párrafo del precepto 16 constitucional se prescribe que todo acto de autoridad debe encontrarse debidamente motivado, entendiéndose esto, como que se expresen una serie de razonamientos lógico-jurídicos sobre porque se consideró que el caso concreto se ajusta a la hipótesis normativa, siendo además necesaria la congruencia entre los preceptos citados y los motivos aducidos.

En el punto 2.1 se analizaron los ELEMENTOS DE PRUEBA, enlistados en el Considerando CUARTO de la sentencia a los que hace alusión la 11ª Sala Penal. En este punto es necesario subrayar  que la mencionada Sala contradijo, los principios reguladores de la valoración de las pruebas, ya que los medios de convicción que obran en los autos de la causa penal no son suficientes y congruentes para acreditar los elementos del  tipo penal de violación, ya que no  cumplen con los extremos que marca la norma, para establecer la existencia de dicho injusto, es decir, no se ajustan a la hipótesis normativa.

Es menester señalar que el objetivo de este análisis no fue el de querer  negar la existencia  del delito, (que considero si existió, de acuerdo con las confesionales de los policías preventivos juzgados y sentenciados en el Juzgado 53° de lo Penal en el Distrito Federal, en el proceso 104/90) , sino subrayar que los órganos jurisdiccionales inaplicarón o aplicaron inexactamente la norma jurídico-penal, por lo que no acreditaron completa y correctamente las características descriptivas y normativas del tipo penal de violación, principalmente el elemento descriptivo de la acción el cual es: “Al que…realice cópula”; violentando las formalidades esenciales del procedimiento y la exacta aplicación de la ley pena, ordenadas el segundo párrafo del artículo 14 Constitucional.

El material probatorio que obra en la causa penal natural, y que se analizó en el punto 2.1 es el siguiente:

a.- Las testimoniales de los pasivos analizadas en el punto 2.1.1.- Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para la comprobación del tipo penal de violación, por regla general, debe concederse a la declaración de la ofendida una relevancia singular por las circunstancias en que comúnmente se lleva a cabo esa infracción penal, esto es, en forma privada o secreta; sin embargo, esa declaración de la ofendida en que hace imputaciones muy severas al inculpado requiere, para su corroboración, que estén determinadas las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución del ilícito, además de estar adminiculada con otras pruebas o confirmada por algún otro elemento de convicción; además de que no debe presentar contradicciones. Esta testimonial de la ofendida tendrá el valor jurídico de “indicio”.

En el presente caso, el dicho de las ofendidas no está corroborado por otros indicios, como las declaraciones del inculpado (que negó siempre los hechos), los certificados médicos y los peritajes químicos, estos elementos de prueba constituyen en su conjunto la demostración de la existencia del tipo penal; una imputación es un indicio; para comprobar el cuerpo del delito era menester que se conservaran las huellas específicas de la violación en el organismo de la pasivo; para establecer que hubo cópula; a esta convicción puede llegarse sin lugar a dudas tomando en su conjunto las pruebas de autos; máxime si el que esto escribe, al declarar no se ubica en el lugar, tiempo y circunstancias de los hechos que narra la sujeto pasivo del delito.

Sirven de apoyo las siguientes tesis jurisprudenciales:

IMPUTACION EN CONTRA DEL ACUSADO. Es de explorado derecho que la sola imputación no hace prueba en contra del acusado, si no existen otros indicios ni elementos de prueba que la fortalezcan.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, 7a. Época. Tomo: 10 Segunda Parte, Página: 29

OFENDIDA, VALOR DE LA DECLARACION DE LA, EN LOS DELITOS SEXUALES. La Primera Sala de la Suprema Corte ha sustentado el criterio de que los delitos de carácter sexual, por su naturaleza, se ejecutan fuera de toda posibilidad de ser presenciados por testigos, razón por la cual debe aceptarse como fuerte indicio presuntivo, la declaración de la ofendida, si está corroborada por otros elementos, como un certificado médico relativo a la verosimilitud de los hechos, y cualquier otro que pueda contribuir al fincamiento de la convicción judicial.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, 5a. Época. Tomo: CXXXI, Pág. 16.

DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACION DE LA OFENDIDA EN LOS. Los delitos de carácter sexual, por su naturaleza, se ejecutan fuera de toda posibilidad de ser presenciados por testigos, razón por la cual debe aceptarse como fuerte indicio presuntivo, la declaración de la ofendida, si es corroborada por otros elementos de prueba que induzcan a la certeza de los hechos imputados y contribuyan a la convicción judicial.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Sexta Época. Volumen: Segunda Parte, XCIV. Página 18.

Es importante resaltar que el dicho de las ofendidas no sólo no estuvo corroborado por otros indicios, sino que además, como ya se preciso en el punto 2.1.1, se concluyó que ninguna de las primeras declaraciones vertidas por las víctimas, unas horas después de sucedidos los hechos, en forma espontánea y sin aleccionamiento previo, fue clara y precisa y estuvieron  plagadas de lagunas, al respecto de la media filiación y características de sus agresores, no estableciendo la posibilidad de dar con éstos, como se observó en las declaraciones de las mismas y en los retratos hablados, elaborados a partir de éstas, por lo que la Resolución dictada por  la 11ª Sala Penal, en el sentido de que éstas “son suficientes para tener plenamente acreditados los elementos del tipo de  VIOLACION” es errónea y violatoria de garantías.

En las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se observa que éstos dan por cierta mi responsabilidad penal en los injustos reprochados, sólo con el testimonio único y el singular de la parte agraviada (aun cuando en sus primeras declaraciones no aportan datos o elementos que puedan ayudar a dar con los responsables, como ya se observo en líneas anteriores) el cual es totalmente insuficiente para fundamentar una sentencia condenatoria como la que dictaron.

Sustenta este argumento la diversa jurisprudencia de la Corte:

VIOLACION, DECLARACION DE LA OFENDIDA EN EL DELITO DE.- Es cierto que, en principio, el delito de violación es, por su naturaleza, de consumación privada o secreta, estimándose por esa circunstancia que la imputación de la ofendida es de relevancia singular; pero requiere, sin embargo, su corroboración mediante algún otro dato o elemento, para sustentar una sentencia condenatoria.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Séptima Época: Vol. 76; Segunda Parte Pág. 59.

Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tomo: X, julio de 1992. Página 428.  

Véase: Tesis de Jurisprudencia No. 204, Apéndice 1917 – 1965, Segunda Parte Pág. 429. Compilación Antecedentes de la Primera Sala, 1965 – 1985 p. 1006.

VIOLACION, DECLARACION DE LA OFENDIDA EN EL DELITO DE. No se justifica el cuerpo del delito de violación imputado al hoy quejoso y mucho menos su responsabilidad en la comisión del mismo, pues al existir en su contra únicamente el dicho de la ofendida, sin que se encuentre corroborado con otras pruebas, tal indicio resulta insuficiente para sustentar una sentencia condenatoria.

Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tomo: IX, Febrero de 1992. Página 281.

OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO AISLADO. La simple imputación de la ofendida, si bien es verdad que constituye un indicio de importante valor, sin embargo, cuando se encuentra aislada, no puede servir de prueba para condenar al acusado.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Sexta Época. Volumen: Segunda Parte, XXV. Página 81.

OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO AISLADO.- La sola imputación, aunque sostenida y firme del ofendido, es insuficiente como base de cualquier condena.

Semanario Judicial de la Federación.  Primera Sala. Sexta Época. Tomo LXXXIV,  Segunda Parte. Pág. 12. Volumen: Segunda Parte, VI. Pág. 202.

OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO AISLADO. Aislado y sin corroboración, el dicho del ofendido no basta para comprobar ni el cuerpo del delito, ni la responsabilidad del quejoso.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Quinta Época. Tomo: CXIX. Página 2818.

OFENDIDO, VALOR DE SU DICHO AISLADO. Si en contra del reo sólo existe el dicho del propio ofendido, es evidente que la autoridad responsable, al tener como prueba completa de la responsabilidad del acusado el indicio que se deriva de esa declaración única, quebrantó las leyes reguladoras de la prueba.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Quinta Época. Tomo: CXVIII. Página:   840.

TESTIGO SINGULAR EN MATERIA PENAL. La declaración de un testigo singular, sólo tiene un valor indiciario y por lo tanto, resulta insuficiente para dictar una sentencia condenatoria; por lo que si la responsable, basada tan sólo en ese elemento probatorio, impone al acusado una sanción privativa de su libertad, viola garantías individuales.

Semanario Judicial de la Federación. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tomo: IX, Mayo de 1992. Página 555

TESTIGO SINGULAR EN MATERIA PENAL. En la hipótesis de que un testimonio no adoleciera de ningún vicio, haciendo prueba plena, el mismo sólo crea presunción, si el testigo es singular, en los términos del artículo 256 del Código de Procedimientos Penales; máxime, que el artículo 260, fracción I, del Código Procesal del Distrito, solamente concede el valor probatorio de una unidad de indicio, al dicho de un testigo idóneo y singular.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Quinta Época. Tomo: CXI. Página 1787.

TESTIGO SINGULAR EN MATERIA PENAL. Si solamente existe la declaración de un testigo, por respetable que sea, sostenida con firmeza en los careos; ella sólo constituye un indicio, insuficiente para fundar sentencia condenatoria contra quien o quienes niegan haber tomado participación en los hechos delictuosos.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Quinta Época. Tomo: CXXIV. Página   829.

PRUEBA INSUFICIENTE, CONCEPTO DE.- La prueba insuficiente se presenta cuando del conjunto de datos que obran en la causa, no se llega a la certeza de las imputaciones hechas por tanto, la sentencia con base en prueba suficiente, es violatoria de garantías.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Gaceta Núm. : 70, Octubre de 1993. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tesis de Jurisprudencia: II.3o. J/56. Página 55.

Apéndice de 1995. Primera Sala. Sexta Época. Tesis de Jurisprudencia 269. Tomo II, Parte SCJN. Pág. 151.

Apéndice de 1995. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Tesis de Jurisprudencia 665. Tomo II, Parte TCC. Pág. 416.          

Esta tesis en su voz y texto coincide con la jurisprudencia número 202 de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la Sexta Época, y que aparece a fojas 445, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985.

b.- Los peritajes médicos de las denunciantes, analizados ya en el punto 2.1.3. Los mencionados periciales médicos consistentes en exámenes ginecológicos, proctológicos, lesiones, edad clínica probable y certificados médicos relativos a las denunciantes, algunos, no sirven para acreditar el tipo penal, ya que no concluyen que hubiera signos de alguna agresión física o sexual (haber copulado); en algunos otros casos, sólo sirvieron para acreditar el tipo penal, pero no para establecer la identidad de los responsables, ya que certifican que hubo una agresión sexual, pero no establecen quien la llevo a cabo, como se observa en los dictámenes de éstos:

Concluyentemente, los peritajes médicos existentes en autos resultan inhábiles para tener por comprobados los elementos del tipo, principalmente “la acción” de haber copulado, debiendo por ello concluirse, que la autoridad responsable no pudo probar plenamente la existencia del tipo penal de violación.

c.- Dictámenes de peritaje químico, analizados en el punto 2.1.4.  En algunos de estos peritajes químicos se observa,  (en varias de las A.P. no fue practicado peritaje químico alguno), que dictaminan, que se encuentran residuos de semen en los exudados practicados a las víctimas y en las prendas intimas de éstas, detectados mediante la prueba de fosfatasa ácida, (la cual se usa para determinar la existencia de residuos orgánicos como sudor, saliva, orina, sangre, exudado vaginal, etc.,) pero en ningún momento en dichos peritajes se dictamina que dicho semen corresponde a mi persona o a alguno de mis coacusados; por lo que en algunas  averiguaciones previas el peritaje fue un elemento para conformar el cuerpo del delito, pero no para demostrar mi responsabilidad, ya que dice que hay semen, pero no que el semen sea mío. Este hecho es tan indubitable que la 11ª Sala  Penal dictaminó, en su Resolución del Toca 745/93, que:

 “...no se determinó que esas muestras de semen correspondan a alguno o algunos de los hoy acusados...”

d.- Las  demás probanzas, periciales e indicios enlistados por la 11ª Sala  Penal en su Considerando CUARTO de la Resolución de sentencia, analizados en el punto 2.1, como los retratos hablados y fotografías, los dictámenes de peritos en contabilidad y valoración, la inspección ocular del lugar de los hechos y el informe de criminalística y fotografías anexas, como se  examinó, no son hábiles para establecer el tipo penal, ya que no comprueban el elemento descriptivo de la acción el cual es: “Al que…realice cópula”; por tanto, tales medios de convicción son ineficaces para comprobar las constitutivas del tipo penal en comento, ya que no se ajustan a la hipótesis normativa.

A la luz del anterior análisis es inobjetable que las pruebas aportadas por la PGJDF como medios de convicción para la comprobación del tipo penal de violación, tampoco son idóneas para la comprobación de los injustos de robo, privación ilegal de la libertad en la modalidad de plagio y asociación delictuosa, también reprochados en la misma causa.

Es necesario enfatizar en el criterio de la Corte, con el rubro TIPO PENAL. INDICIO DE CULPABILIDAD,  hecho valer en el inciso A de este punto 2.2.1, en el sentido de que el tipo penal es indicio, más no fundamento de la culpabilidad.

Las resoluciones de sentencia  fueron dictadas por los órganos jurisdiccionales, inaplicado o aplicando inexactamente la norma jurídico-penal, lo que motivó que no se acreditara completa y correctamente las características descriptivas y normativas del tipo penal imputado, violentando las formalidades esenciales del procedimiento y la exacta aplicación de la ley penal, motivo por el cual fueron antijurídicas y violatorias de mis garantías Constitucionales y de derechos humanos.

2.3. Estudio y valoración de elementos de prueba anteriormente referidos, por parte de los órganos jurisdiccionales, para efectos de declarar si son o no suficientes e idóneos para establecer plenamente la certeza de la responsabilidad penal en los delitos imputados al  que esto escribe.

Los órganos jurisdiccionales denominados Juzgado 18° Penal y 11ª Sala Penal, ambos pertenecientes al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, vulneraron en mi perjuicio los principios de legalidad y seguridad jurídicas contemplados en artículos 14 párrafos segundo y tercero, 16 párrafo primero, 17 párrafo segundo y 133 del Pacto Federal; en los artículos 9.1, 14.1, 14.2 y 17.1  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 7.2, 8.1 y 8.2, de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos (citados en el punto 2.2), ya que inaplican y/o aplican inexactamente la norma jurídico-penal, por lo que no establecieron plenamente la certeza de la responsabilidad penal en los delitos imputados al que esto escribe, vulnerando los principios reguladores de la prueba; por lo que sus resoluciones de sentencia, dictadas con ausencia de prueba plena de responsabilidad, conculcaron mis garantías constitucionales y derechos humanos.

En las siguientes líneas analizaremos porqué los órganos jurisdiccionales mencionados inaplican y/o aplican inexactamente la norma jurídico-penal, lo que motivó que no se acreditara fehacientemente la certeza de la responsabilidad penal en los delitos imputados al que esto escribe, violentando las formalidades esenciales del procedimiento y la exacta aplicación de la ley penal.

A.- El Diccionario Jurídico Mexicano[10] define la responsabilidad penal:

La responsabilidad penal nace exclusivamente para quien ha cometido el delito, entendiendo por tal ha quien ha cabido en algunas de las formas de intervención punible previstas por la ley.

*El Código Penal vigente en el tiempo de los hechos definía en su numeral 7, el termino “delito”:

Artículo 7.- Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales.

Es preciso, para que surja la responsabilidad penal, que el hecho típico y antijurídico haya sido cometido con dolo o culpa, y que su autor pueda ser tenido certeramente por culpable de él, en otras palabras, es necesario que se acredite el nexo de causalidad [11]entre la conducta ilícita que se le imputa y el resultado dañoso producido.

En este sentido, los órganos jurisdiccionales omitieron hacer un análisis completo de las circunstancias que obran en autos aplicando exactamente la ley penal y los principios reguladores de la prueba, para determinar con certeza plena si estaba o no acreditada la responsabilidad del que esto escribe, tendiente a salvaguardar los derechos fundamentales del mismo, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que no es permitido a los tribunales, como sucede en el caso, solo mencionar o trascribir las constancias  y pruebas que obran en autos, limitando  los argumentos, apoyo de sus sentencias, a una simple referencia general sobre la correcta observancia de las reglas que regulan la apreciación valorativa de las sentencias apeladas, con uso de un lenguaje genérico o abstracto de la ley, como incorrectamente se hizo en las resoluciones de sentencia materia de este estudio.

 Al respecto es aplicable la siguiente tesis jurisprudencial:

RESPONSABILIDAD PENAL Y CAUSALIDAD. Para declarar penalmente responsable al acusado es necesario que se acredite el nexo de causalidad entre la conducta ilícita que se le imputa y el resultado dañoso producido.

 Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, Página 163. Primera Sala, 6a. Época. Tesis de Jurisprudencia 292.

Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Tesis de Jurisprudencia 1652, Página 2677.

B.- Los órganos jurisdiccionales omitieron aplicar el criterio de la Corte establecido en su jurisprudencia (con el rubro TIPO PENAL. INDICIO DE CULPABILIDAD, invocada en el inciso A del  punto 2.2.1),  en el sentido de que “el tipo penal es indicio, más no fundamento de la culpabilidad”, al concluir a priori en el último párrafo de la foja 318 v., que “han quedado plenamente acreditados los elementos integrantes del tipo penal a estudio, lo que evidencia que la acción dolosa de los sujetos activos vulneró el bien jurídicamente protegido por la norma”; es decir, hace una declaratoria de culpabilidad antes de entrar al estudio de ésta, lo que puede interpretarse como parcialidad de la11ª Sala Penal, lo que vulnera en numeral 17 de la Carta Fundamental.

C.- La 11ª Sala Penal en su Considerando DECIMO, página 340v., acredita mi responsabilidad con base en los artículos 13 Fracción III del Código Penal y del artículo 261 del Código de Procedimientos Penales y a los elementos de prueba relacionados en el Considerando CUARTO de su resolución:

“Los elementos de prueba relacionados en el Considerando CUARTO de esta resolución…en términos de lo dispuesto por el articulo 13 fracción III del Código Penal y del Artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, son suficientes para acreditar, la culpabilidad (la responsabilidad penal) de los acusados…”

a.- El numeral 13 Fracción III del Código Penal vigente en el tiempo de los hechos estipulaba:

Artículo 13.- Son responsables del delito

          ...III.- Los que lo realicen conjuntamente

No se acredito con certeza que yo llevé a cabo ningún ilícito, mucho menos que lo realice conjuntamente; este artículo invocado por la 11ª Sala Penal en la fundamentación de su Resolución, da por sentado que ya quedó demostrada plenamente la responsabilidad, al establecer “Son responsables del delito”. El verbo (la acción) está en modo afirmativo.

b.- El  artículo 261 del Código de Procedimientos Penales vigente en el tiempo de los hechos establecía:

Artículo 261.- Los jueces y tribunales según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones hasta poder considerar su conjunto como prueba plena.

Es de observarse que el órgano jurisdiccional basa su sentencia, únicamente en presunciones, derivadas de este precepto legal usado en su resolución.

b₁.-En el Diccionario Jurídico Mexicano [12] se lee que la palabra presunción proviene del latín praesumtio: acción y efecto de presumir, sospechar, conjeturar, juzgar por inducción

b₂.-Los artículos 379 y 380 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal definen este concepto:

Artículo 379.- Presunción es la consecuencia que la ley o el juez deducen de un hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido: la primera se llama legal y la segunda humana.

Artículo 380.- Hay presunción legal cuando la ley la establece expresamente y cuando la consecuencia nace inmediata y directamente de la ley; hay presunción humana, cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél.

b₃.-La fracción VI del artículo 135 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal considera las presunciones como un medio de prueba:

Artículo 135.- La Ley reconoce como medios de prueba:

          …VI. Las presunciones.

Este criterio legal resulta erróneo, ya que doctrinalmente aún se sigue discutiendo si las presunciones son verdaderos medios de prueba o son un instrumento que el legislador emplea para señalar a quien debe corresponder la carga de la prueba.[13]

Carnelutti [14] sostiene que las presunciones no son medios probatorios, ya que en ocasiones se producen aun en contra de la voluntad del agente; no tienen verdadera función representativa, toda su eficacia se sustenta en la inferencia que se obtiene del derecho que constituye la propia presunción; son simples consecuencias que el Juzgador deduce de un hecho conocido para llegar a un hecho desconocido.

Marco Antonio Díaz de León [15]conceptúa que la presunción no es un medio de probar, y que éste último tiene la intención de provocar en el Juez su persuasión sobre los hechos. Establece que la simple percepción de los medios de probar es insuficiente para provocar en la mente del Juez el convencimiento de la reproducción de tales hechos; para llegar a tal convencimiento, se hace necesario la valoración de dichos medios; concluye que presunción de verdad o falsedad es lo único que se obtiene, ya que ningún medio de probar es en sí suficiente para provocar una evidencia y convicción absoluta.

Fernando Arilla Bas [16] establece que la denominada impropiamente “prueba presuncional” se desarrolla a través de un proceso lógico, que cuenta con los tres elementos siguientes:

i.- Objetividad. Es un hecho conocido, probado plenamente por cualquier medio formal o por una inferencia.

ii.- Un hecho desconocido y;

iii.- Una relación de causalidad (llamada  nexo de causalidad en la tesis antes enunciada en el punto A, con el rubro de “RESPONSABILIDAD PENAL Y CAUSALIDAD”,   y enlace natural en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal) entre ambos hechos.

En el asunto que se examina, se observa que no existe nexo de causalidad entre las primeras declaraciones de los denunciantes, de las que no se generan indicios claros y precisos que ayuden a determinar la identidad de los responsables de los hechos imputados, y las probanzas, testimonios, periciales e indicios enlistados en el Considerando CUARTO de la resolución de sentencia de la responsable (ya analizados anteriormente en el punto 2.2),  por lo que, si no puede haber presunción de la identidad de los ignotos, mucho menos de responsabilidad; estableciendo fehacientemente también que  presunción es diferente a certeza.

Los órganos jurisdiccionales omitieron el criterio de la Corte al respecto:

CULPABILIDAD DUDOSA. Conforme al artículo 261 del Código de Procedimientos Penales, los jueces y tribunales según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones, hasta poder considerar su conjunto como prueba plena, pero siempre que sean lo suficientemente claras y decisivas para que no permitan incurrir en error y condenar a una persona inocente; de manera que si en un proceso no se demuestra plenamente la responsabilidad del reo en determinado delito, debe aplicarse el viejo aforismo jurídico de que, en caso de duda, debe absolverse, aforismo aceptado por la doctrina y consignado expresamente en diversas leyes.

Semanario Judicial de la Federación. Primera Sala. Quinta Época. Tomo LXX. Página 3841.

Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, Segunda Parte, Primera Sala, página 216, tesis 99, de rubro "DUDA ABSOLUTORIA.".

2.3.1  Pero, ¿cuáles son los elementos de prueba relacionados en el Considerando CUARTO de la resolución de sentencia de la 11ª Sala Penal, y que ésta considero como suficientes, sin establecer en nexo de causalidad, para acreditar la culpabilidad (responsabilidad penal) del hoy quejoso, según establece en su Considerando DECIMO, pág. 340v, del Toca 745/93, en los injustos reprochados?

Para efectos del presente estudio tomaremos como ejemplo la primera y la última denuncia imputadas, además de la que sirvió de base para fincar la responsabilidad y sentencia de acuerdo al concurso real de delitos realizado en su resolución de sentencia por la 11ª Sala Penal; es de hacer notar, como ya se ha analizado en líneas anteriores, que aunque fueron casos diferentes, los órganos jurisdiccionales utilizaron los mismos medios de prueba para dar por demostrada la responsabilidad penal  en los hechos imputados, omitiendo, por ejemplo que en dos de las imputaciones los responsables llevaban pasamontañas, además de no haber en el proceso otro medio de prueba que acreditara ésta.

Las probanzas, testimonios, periciales e indicios enlistados en el Considerando CUARTO de la sentencia a los que hace alusión la 11ª Sala Penal son los siguientes (se hará un análisis caso por caso de estos elementos de prueba aportados por la PGJDF (hoja 10 a 14 de la Consignación), los cuales fueron sólo mencionados o trascritos por la 11ª Sala Penal en su resolución, limitando sus argumentos, apoyo de sus sentencias, a una simple referencia general de estas probanzas, inaplicando la correcta observancia de las reglas que regulan la apreciación valorativa de las sentencias apeladas, usando  un lenguaje genérico o abstracto de la ley, e inaplicando ésta):

2.3.1.1  Denunciante María Alejandra P. T.; A.P. 23/1488/989-04  levantada el 11 de marzo de 1989, (fojas 5 a 7, tomo II-3 del Proceso).

A.- Testimoniales de los pasivos donde se observan contradicciones e incongruencias en sus declaraciones.

 Al leer las primeras declaraciones de los pasivos agredidos de marzo a diciembre de 1989 en las cuales dan la descripción y media filiación de sus agresores, los primeros aportan datos vagos e imprecisos respecto a las características que puedan ayudar a dar con la identidad de los responsables, observando que ninguna de éstas, vertidas unas horas después de sucedidos los hechos, en forma espontánea y sin aleccionamiento previo, es clara y precisa y están plagadas de lagunas, al respecto de la media filiación y características de sus agresores y no establecen la posibilidad de dar con éstos, como se observa en las declaraciones mismas y en los retratos hablados, elaborados a partir de éstas; estando este hecho en franca contradicción con el artículo 217 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vigente en el tiempo de los hechos:

Artículo 217.- Toda persona que tuviere que referirse a otra en su declaración o en cualquier otro acto procedimental, lo hará de un modo claro y preciso que no deje lugar a duda respecto a la persona que señale, mencionando su nombre, apellido, domicilio y demás circunstancias que puedan darla a conocer.

En este punto se hará un análisis de las primeras declaraciones de los denunciantes habida cuenta de que los órganos jurisdiccionales motivan su sentencia de responsabilidad penal en los hechos, con base a éstas, aun cuando dichos órganos no hacen alusión a este medio de prueba, omitiendo realizar un análisis de las mismas, especialmente de sus contradicciones:

“…queda en su contra la firme y reiterada imputación que hacen en su contra los ofendidos MARIA ALEJANDRA P. T., y LUIS ARMANDO A. C., en el sentido de que el enjuiciable participó conjuntamente con otros sujetos en los hechos cometidos en su agravio...”

a.- María Alejandra P. T., denunciante en la A.P. 23/1488/989-04  levantada el 11 de marzo de 1989, (fojas 5 a 7, tomo II-3 del Proceso).

a₁.- Es agredida el 11 de marzo de 1989, aproximadamente a las 21:30 hrs.

a₂.-Levanta denuncia de los hechos el 16 de abril de 1989, donde declara que solo pudo observar a uno solo de sus agresores y da una descripción de éste.

a₃.-En esta querella que obra en autos, se observa que María Alejandra P. T. declara inicialmente y describe al “comandante”:

“…que la media filiación del supuesto comandante es de aproximadamente 50 años, alto, delgado, pelo entrecano, frente regular, cejas normales y entrecanas, ojos café oscuro, nariz recta, boca regular, labios normales, usaba bigote, y como seña particular tiene acento norteño o de provincia...”;

La ofendida no elabora retrato hablado de alguno de sus agresores.

Además se observa que declaró que “le dijeron que eran agentes”, pero no de que corporación; por lo que es evidente que en ningún momento expresó la denunciante que dije: “Judicial Federal”, como posteriormente declara.

b.- El 20 de abril de 1989, vertió su primera declaración su novio y acompañante Luis Armando A. R., declarando textualmente:

“…que sobre la media filiación de sus agresores, solo recuerda la de uno de ellos, o sea el que llevaba la metralleta y que tenia entre 40 y 45 años de edad, pelo entrecano lacio, nariz recta en tamaño regular, complexión delgada, con su forma de hablar de acento provinciano, típico del acento de barrio o de Sinaloa…”  

c.- Los denunciantes no aportaron otros datos, aparte de los vagos e imprecisos emitidos en sus primeras declaraciones, al respecto a las características físicas y media filiación, que pudieran haber llevado a dar con los responsables de los hechos delictivos realizados en su contra; también se observa en el expediente, que de las investigaciones de la PGJDF no resultaron elementos suficientes para establecer la identidad de éstos; motivo por el cual, el MP  en Acuerdo fechado el 23 de julio de 1989, resuelve enviar el expediente a la “RESERVA” por “no resultar elementos suficientes para ejercitar la acción penal en el presente caso, y existe la imposibilidad de practicar otras diligencias…”

d.- No obstante de que el expediente había sido enviado a la “RESERVA”, y del numerario no se observa dato o elemento nuevo para continuar con su investigación, los ofendidos son convocados y participan en la diligencia de confrontación del 6 de septiembre de 1989, sin identificar a nadie, aún cuando antes, durante y después de la confronta se les muestran fotografías mías.

e.- Los agraviados también participan en la diligencia de Confrontación del 4 de enero de 1990, sin identificar a nadie, aún cuando antes, durante y después de la confronta se les muestran fotografías mías.

f.- El 23 de enero de 1990 después de 217 días de ocurrir los hechos materia del proceso, la denunciante amplia su declaración ante la PGJDF, transcribiendo la  11^a Sala parcialmente su declaración, en la página 73f., de su Resolución, en la cual se lee:

“... que ha reconocido plenamente y sin temor a equivocarse en varias fotografías a ISMAEL RICARDO AGUILAR SANCHEZ...”

La 11^a Sala alteró la declaración de la denunciante, al dictar en su Resolución “varias fotografías”, cuando lo que la denunciante declaró y que aparece textualmente en la foja 50f. y v. del Tomo II-3 del proceso fue lo siguiente:

 “...que en el primer sitio a donde la condujeron sus agresores, fue ataca sexualmente por uno a quien le decían "COMANDANTE", sujeto que ha reconocido sin temor a dudas en este acto como el que se le muestra en dos fotografías una de frente y otra de perfil y que corresponde al nombre de Ismael Ricardo Aguilar Sánchez, sujeto al que inicialmente describió como un tipo de edad mayor al que se le nota en fotografías, descripción que dio de acuerdo a lo que pudo percatarse... el sujeto que ahora identifica como Ismael Ricardo Aguilar Sánchez recuerda que dijo "Judicial Federal"...”

g.- La 11^a  Sala transcribe parte del careo que se dio entre la denunciante y quien esto escribe; específicamente el segmento relativo a la respuesta de la primera, relativa a mi petición de que describiera ante él A quo mi aspecto físico y mi edad, los cuales son totalmente  diferentes a los expresados en su primera  declaración, observándose lo siguiente en la página 74f., de su Resolución:

“...que no soy perito para saber cuántos años tiene el señor, y lo sigo viendo viejo, yo lo vi canoso, ahorita no está canoso, también quiero decir que yo desde mi primera declaración desde que vi por primera vez  su fotografía  dije que el era el “comandante”...”

h.- El 30 de enero de 1990, después de 224 días de ocurrir los hechos delictivos materia del proceso, Luis Armando A. R., amplia su declaración, expresando lo siguiente:

“…que en este acto al tener a la vista en dos fotografías a color una de frente y otra de perfil, al sujeto que aprecia con el nombre de Ismael Ricardo Aguilar Sánchez, plenamente y sin temor a equivocarse en dicha fotografía como el mismo que portaba la multicitada metralleta...y que el giraba las instrucciones a los demás y le decían "COMANDANTE", era precisamente Ismael Ricardo Aguilar Sánchez

i.- De todo lo todo lo anteriormente expuesto se pueden realizar el siguiente sucinto análisis:

Comparando las primeras declaraciones vertidas por los denunciantes y sus posteriores ampliaciones de declaración, se observa lo siguiente:

i₁.-Ambos denunciantes coinciden en su primera declaración, en la descripción física del agresor identificado como el "Comandante", y que era el que llevaba la metralleta, lo que indica efectivamente el agresor contaba con las características antes mencionadas. No se aprecia en las constancias procesales que hubieren elaborado retrato hablado alguno.

i₂.- María Alejandra P. T. el 23 de enero de 1990, después de 217 días de ocurrir los hechos delictivos, declaró, al mostrarle de manera totalmente inductiva únicamente dos fotografías, una de frente y otra de perfil: “...sujeto al que inicialmente describió como un tipo de edad mayor a la que se nota en fotografías…"; es claro que mi aspecto físico coincidía con la edad que tenía en el tiempo de los hechos que era de 30 años, y en las fotografías a color que se le mostraron a la denunciante y que fueron tomadas por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), cuando fui detenido de manera ilegal el 17 de enero de 1990, se aprecian los rasgos físicos regulares a mi persona, esto quedo bien definido sin lugar a dudas en el proceso y fue ratificado por el personal actuante del Tribunal, además es también claro que la denunciante sabía discernir correctamente sobre la edad de una persona, cosa que queda demostrada en su comentario al mostrarle la fotografía, además con el hecho de que su acompañante hace inicialmente una descripción similar de la persona que los agredió, entonces con base a estos razonamientos es claramente inductivo su identificación hacia mi persona, ya que no poseo ni poseía hace ya más de veintidós años, las  características de la persona que describe en su primera declaración como su agresor, lo cual es completamente contradictorio e inductivo.

Las constancias con las que probé mi aspecto físico se encuentran en el expediente del proceso en las fotografías tomadas por la PGJDF que se encuentran en las fojas 52 f. a 55 f. Tomo II-2 del Proceso, en las fojas 484 f. a 892 f. Tomo XI del proceso; con mi acta de nacimiento que corrobora mi edad de 30 años, cuando sucedieron los hechos y que se encuentra en las fojas 484 f. a 892 f. Tomo XI del proceso; las fichas signalecticas de la Dirección General de Reclusorios que se encuentran en las fojas 35 f. a 39 f., 74 f, a 78 f., 68 f. a 72 f. y 79 f. a 83 f. del Tomo IV del Proceso; diferentes credenciales con fotografía de escuela y trabajos anteriores, en las cuales se aprecia mi aspecto físico y que se encuentran en las fojas 484 f. a 892 f. del Tomo XI del Proceso.

Era lógico que en su primera declaración la denunciante describa a su agresor como de 50 años ya que detalla su fenotipo como el de una persona con el pelo entrecano, y cejas normales y entrecanas, lo que hace ver que su agresor aparentaba la edad que tenia; en mi aspecto físico, tanto en persona como en fotografía, a la fecha, después de más de veintidós años de los hechos, no presento ni una sola cana en el pelo, y ni una sola cana en las cejas.

La 11^a  Sala transcribe parte del careo con la denunciante en la pág. 74 f., en el que se lee:

“...que no soy perito para saber cuántos años tiene el señor, y lo sigo viendo viejo, yo lo vi canoso, ahorita no está canoso, también quiero decir que yo desde mi primera declaración desde que vi por primera vez  su fotografía  dije que él era el “comandante”...”

Esta aseveración de la denunciante en el sentido de que desde su primera declaración vio por primera vez mi fotografía y dijo que era el “comandante”, es falaz, ya que se advierte en las constancias procesales anteriormente mostradas, que su primera declaración es el 16 de abril de 1989, en la cual se observa que es falsa esta manifestación ya que nunca le mostraron fotografía alguna en esa fecha, y cuando le muestran sólo mi fotografía es hasta el 23 de enero de 1990.  Las copias fotostáticas de las fotografías fueron entregadas a la PGJDF por parte de la PGR, en el mes de agosto de 1989, y las fotografías a color que se le mostraron a la denunciante para “reconocerme”, fueron tomadas por las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) el 17 de enero de 1990, tal y como se aprecia en las mismas.

i₃.- Luis Armando A. R., difiere totalmente de la descripción del único sujeto agresor que recuerda, dada en su primera declaración del 20 de abril de 1989, con respecto a la manifestada el 30 de enero de 1990, como se podrá observar en dichas declaraciones expuestas con anterioridad.

i₄.- Resulta altamente inductivo por parte de la autoridades de la PGJDF, que después de 217 días de haber ocurrido el evento delictivo, y después que la institución mencionada le muestra a la denunciante fotografías de Policías  Judiciales Federales, como se asienta en autos, la denunciante dijo que recuerda de dije "Judicial Federal", cuando nunca, ni ella ni su novio habían mencionado en declaraciones anteriores este hecho, y sin embargo si dicen en su primera declaración que su agresor habla con acento de provincia o de Sinaloa, quedando probado en el Juzgado mi tono de voz, que es típico de la Ciudad de México, ya que soy originario de esta Ciudad y en ella he vivido siempre.

Es necesario subrayar que María Alejandra P. T. y su novio Luis Armando A. R., declararon ante el Juzgador, haber participado en las diligencias de confrontación llevadas a cabo por la PGJDF, en las cuales estuve presente, y en ninguna de ellas identificaron a nadie, mucho menos a mí, ya que ellos buscaban a su agresor, un tipo de 50 años y canoso y con acento norteño, características que no tengo, como se observa en las fotografías por medio de las cuales me “identifican”.

Del anterior análisis, se observa claramente que de la descripción física y media filiación de sus ofensores declarada inicialmente por los denunciantes, se aportan datos vagos e imprecisos respecto a las características que puedan ayudar a dar con la identidad de los responsables y observamos que en ninguna de éstas, vertidas unas horas después de sucedidos los hechos, en forma espontánea y sin aleccionamiento previo, es clara y precisa y están plagadas de lagunas, al respecto de la media filiación y características de sus agresores y no establecen la posibilidad de dar con éstos. Cabe reiterar que los pasivos nunca elaboraron retrato hablado alguno.

Son aplicables al caso las siguientes tesis jurisprudenciales:

PRUEBA TESTIMONIAL. PRINCIPIOS QUE RIGEN LA INMEDIATEZ PROCESAL PARA SU VALORACIÓN. Los principios que rigen la inmediatez procesal, para efectos de valoración de la prueba testimonial son la percepción, evocación y recuerdo, los cuales se ven afectados con el transcurso del tiempo, en virtud de que en cuanto a la primera, como facultad de percatarse de los sucesos a través de los sentidos, por sí misma se va desvaneciendo en cuanto a su fidelidad al pasar del tiempo; la evocación como la facultad de traer al consciente lo que permanece guardado en la memoria, además de variar en cada persona, dicha facultad también se debilita al correr el tiempo; finalmente el recuerdo como la capacidad de almacenar los acontecimientos captados por los sentidos se va olvidando paulatinamente; por ello, el derecho reconoce el principio de inmediatez como factor importante, que deberá tomar en cuenta el juzgador al valorar lo declarado por los testigos.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Tesis. I.6o.P. J/6. Octubre de 2004, Página: 2251. Tribunales Colegiados de Circuito, 9a. Época.

TESTIGOS. SUS PRIMERAS DECLARACIONES ADQUIEREN VALOR PREPONDERANTE SOBRE LAS POSTERIORES. En el procedimiento penal debe darse preferencia a las primeras declaraciones que los testigos producen recién verificados los hechos y no a las modificaciones o rectificaciones posteriores, tanto porque lógico es suponer espontaneidad y mayor veracidad en aquéllas y preparación o aleccionamiento hacia predeterminada finalidad en las segundas, como porque éstas sólo pueden surtir efecto cuando están debidamente fundadas y comprobadas.

Apéndice de 1995, Tomo: IV, Tercera Parte, Tesis 359. .Página: 198. Primera Sala, 6a. Época

Semanario Judicial de la Federación, Tomo: V, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1990, Tesis VI.1o. J/28.  Página: 728. Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época. Apéndice de 1995, Tomo: Informe 1988, Parte I, Tesis 752: Página: 483. Órgano emisor: Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época.

Apéndice 2000, Tomo: Informe 1960, Tesis 383. Página: 279. Primera Sala, 6a. Época.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 71, Noviembre de 1993, Tesis V.2o. J/79. Página: 69. Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

NOTA: Tesis VI.1o.J/28, Gaceta número 27, pág. 60; Semanario Judicial de la Federación, tomo V, Segunda Parte-2, pág. 728.

Esta tesis coincide en su texto con la jurisprudencia número 287 de la Sala Penal de la Suprema Corte, formada durante la Sexta Época, y que aparece a fojas 635, Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985.

TESTIGOS. VALOR PROBATORIO DE SUS PRIMERAS DECLARACIONES. Atendiendo a la naturaleza del procedimiento penal, debe darse preferencia a las primeras declaraciones que producen los testigos y no a las modificaciones o retractaciones posteriores, si éstas no se encuentran debidamente comprobadas, por ser aquéllas las producidas de manera espontánea y consecuentemente de mayor veracidad.

Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 70, Tesis. II.3o. J/63. Octubre de 1993, Página: 60. Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época.

 Apéndice de 1995, Tomo: Informe 1988, Parte I, Página: 485. Órgano emisor: Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

NOTA: Tesis II.3o.J/63, Gaceta número 70, pág. 60; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XII-Octubre, pág. 370.

PRUEBAS, PRINCIPIO DE INMEDIACIÓN EN LA APRECIACIÓN DE LAS.- En la valoración penal de las pruebas corresponde mayor crédito a las obtenidas a raíz de ocurridos los hechos incriminados, que a aquéllas promovidas con posterioridad.

Apéndice 1917-1995, Tomo II, Primera Parte, página 153, Primera Sala, tesis 274. Apéndice 2000, Informe 1960, Página: 206. Primera Sala, 6a. Época.

Los órganos jurisdiccionales omitieron hacer un análisis completo de las circunstancias que obran en autos aplicando exactamente la ley penal y los principios reguladores de la prueba, específicamente el numeral 255 fracción V del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (el cual nunca es mencionado por dichos órganos para fundamentar sus resoluciones); para determinar con certeza plena si estaba o no acreditada la responsabilidad del que esto escribe, y nunca determinaron el nexo causal entre el injusto reclamado, los pasivos y el hoy sentenciado.

Artículo 255.- Para apreciar la declaración de un testigo, el Ministerio Público o el tribunal o el juez tendrán en consideración:

           …V.       Que la declaración sea clara y precisa, sin dudas ni reticencias, ya sobre la substancia del hecho, ya sobre sus circunstancias esenciales…

Son aplicables al caso las siguientes tesis jurisprudenciales:

TESTIMONIAL, INCORRECTA VALORACIÓN DE LA PRUEBA. Si el juzgador da pleno valor probatorio al dicho de testigos que depusieron con dudas, no contestes y en contradicción con otros testimonios que en forma concreta, clara y precisa señalan la no participación del acusado en la comisión del delito que se le imputa, hace una incorrecta valoración de esta prueba.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXXV, Segunda Parte, Página: 38. Primera Sala, 6a. Época.

PRUEBA TESTIMONIAL. DEPOSICIONES CONTRADICTORIAS. Si un testigo depone en dos ocasiones sobre el mismo punto en forma contradictoria, el juzgador ésta en lo correcto al negar a ese testimonio todo valor de convicción.

Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Cuarta Parte, Página: 193. Tercera Sala, 6a. Época.

B.- La 11^a Sala Penal sólo hace alusión a los siguientes medios de prueba en el caso de María Alejandra P. T.: dictamen de contabilidad, de valuación, inspección ocular e informe de criminalística, los cuales sólo menciona, pero no analiza, tal y como se observa en los puntos 81 a 84, del documento visible en la foja 207 v., de la Resolución del Toca 745/93.

¿Pero cuál es el fondo de los mencionados medios de prueba: dictamen de contabilidad, de valuación, inspección ocular e informe de criminalística, los cuales la 11^a Sala Penal sólo menciona, pero no analiza, mucho menos valora?, analicémoslos:

a.- Dictamen de contabilidad. Este dictamen suscrito por los peritos de la PGJDF concluye:

“UNICA.- Se determina por lo anterior que el importe total sustraído, según declaraciones, asciende a la cantidad de $180,000.00 (CIENTO OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.).

En el referido peritaje no se concluye ni identidad, ni responsabilidad de persona alguna.

b.- Dictamen de valuación. Este dictamen signado  por los peritos de la PGJDF concluye:

“DICTAMEN: Atendiendo el llamado telefónico mencionado en el parte superior y por declaraciones de los interesados, procedimos a valorizar:…(CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100).

Este peritaje no concluye ni identidad, ni responsabilidad de persona alguna.

Como ya se observo en el punto 2.1.6,  en torno a los dictámenes e informes en materia de valuación y contabilidad mencionados por la 11ª Sala  Penal, este órgano jurisdiccional determina y concluye en la pág. 430 de su Considerando DÉCIMO PRIMERO, punto 8, lo siguiente:

“...si bien es cierto que en el expediente obran diversos dictámenes e informes en materia  de valuación y contabilidad, también es cierto que estos fueron rendidos tomando en cuenta únicamente las declaraciones de los sujetos pasivos de dichos ilícitos, por lo que es procedente desestimar tales pericitaciones con base en la facultad que le confiere el numeral 254 de la Ley Adjetiva Penal.”

Es inobjetable que el verdadero motivo por el cual la 11ª Sala  Penal  desestima los dictámenes de valuación y contabilidad, es porque en éstos nunca se estableció  ningún  indicio  o evidencia que hiciera posible determinar la identidad de los presuntos responsables, ni la responsabilidad de persona alguna.

c.- Inspección Ocular e Informe de Criminalística. En este dictamen signado  por los peritos de la PGJDF se manifiesta:

“Los que suscriben, Perito en Criminalística y Perito en Fotografía Judicial, adscritos al SEGUNDO Turno de este Laboratorio, rinden el  siguiente INFORME: …nos presentamos en compañía del C. Agente del Ministerio Público…para la realización de una Inspección Ocular de los anteriores lugares”

Es de advertirse que la fe ministerial de las Inspecciones Oculares y los Dictámenes de Criminalística practicados en los lugares de los hechos, se encuentran en un mismo documento (fojas 61 y 62 del tomo II-3 del proceso/ 690); mismo en el que se observa que se inspecciona ocularmente el lugar donde se presume fueron agredidos los denunciantes, pero en ningún momento establecen en su INFORME, la identidad de los agresores, ni responsabilidad de persona alguna.

C.- ¿Qué pruebas omitieron los órganos jurisdiccionales tomar en cuenta para su análisis y valoración en el caso, las cuales obran en las constancias del Proceso? A continuación observaremos y analizaremos estas pruebas omitidas por los mencionados órganos (probanzas que fueron generadas por la PGJDF):

a.- Los dictámenes ginecológico y proctológico, de lesiones, edad clínica probable relativos a la denunciante, los cuales no establecen la identidad de los ignotos, ni responsabilidad  de persona alguna, pues éstos concluyen:

“CONCLUSION: La que dice llamarse ALEJANDRA P. T., es púber, es mayor de 18 años, presenta desfloración no reciente, no presenta signos de embarazo ni de enfermedad venérea y no presenta huellas externas de lesiones recientes.”

“CONCLUSION: La que dice llamarse ALEJANDRA P. T., es púber, mayor de 18 años, presenta examen proctológico normal.”

De la lectura de estas conclusiones se colige el porqué los órganos jurisdiccionales omitieron valorar dichos dictámenes, los cuales no son hábiles para conformar ningún tipo penal ni responsabilidad de persona alguna. Al respecto se hacen valer los criterios de la Corte invocados en el punto 2.1.3, con los rubros “CERTIFICADO MEDICO GINECOLOGICO. NO APTO PARA ACREDITAR EL DELITO DE VIOLACION.” y “VIOLACIÓN TUMULTUARIA, CERTIFICADO MÉDICO TRATÁNDOSE DE”

b.- La fe ministerial de lo declarado por los testigos de preexistencia y falta posterior de lo robado, declaraciones transcritas por la 11ª Sala  Penal, en el Toca No. 745/93, en los puntos 24A, 24B y 45, páginas. 48 f, 48 v. y 75 v, declaraciones de las cuales dicha Sala determina y concluye en la página 430 de su Considerando DÉCIMO PRIMERO, punto 8, de su resolución de sentencia lo siguiente:

“... por lo que es procedente desestimar tales peritaciones…que los testigos que se presentaron avalaron la capacidad económica con que cuentan para traer consigo esas sumas de dinero y hasta mayores a esas; también es cierto, primero, que no quedo demostrado en el expediente que en los días de los hechos los hoy ofendidos trajeran consigo el numerario que declaran como que les fue robado e inclusive, a los propios testigos de capacidad económica tampoco les consta que en las fechas de los desaporamientos aquellos llevaran esas cantidades de dinero en su poder.” 

 Por lo que dichas declaraciones de los testigos de preexistencia y falta posterior de lo robado, nunca establecen  ningún indicio o circunstancia que presuma la identidad de los presuntos responsables, ya que incluso se observa que no les constan los hechos, y no determinan responsabilidad de persona alguna, amén de que la 11ª Sala  Penal los desestima.

c.- La fe ministerial del informe de Policía Judicial, el cual la 11ª Sala  Penal sólo lo menciona para desestimarlo, en su Considerando DÉCIMO, punto 8, página 419 f.; no lo transcribe, mucho menos analiza ni valora, aún cuando éste se encuentra en actuaciones, y sólo dictamina lo siguiente:

“…En cuanto a los informes de la Policía Judicial suscritos por DANIEL BALAM MEDINA, ALEJANDRO ENRIQUE PAREDES PEÑA, MARTÍN VERA MURILLO…...JULIO GUERRERO ÁGUILA y PEDRO LUIS MORENO RAMÍREZ, no tienen trascendencia (sic) por la fuente de información que tuvieron o sea las propias ofendidas…”.

La 11ª Sala  Penal no funda ni motiva esta Resolución, por lo que es ilógico desestimar los informes de Policía Judicial por la fuente que tuvieron, únicamente porque esa fuente “no pudo aportar datos viables para la investigación”, como dicen en sus informes los investigadores. Entonces ¿con base a qué “investigaciones”, la PGJDF llega a determinar quiénes son los responsables de los hechos delictivos en cuestión?

Es concluyente que dicho informe de Policía Judicial (éste fue ratificado ministerialmente, y contiene en sí los principios procesales de inmediatez (circunstancia de tiempo) y de espontaneidad (circunstancia de modo)), nunca establece  ningún indicio o circunstancia que presuma la identidad de los presuntos responsables, y no determinan responsabilidad de persona alguna, amén de que la 11ª Sala  lo desestima sin fundar ni motivar su acto.

Como ya se menciono en el punto 2.1.11, la 11ª Sala inaplicó en mi perjuicio el artículo 286 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, y el criterio de la Corte expresado en las tesis jurisprudenciales, invocadas en el mismo punto, con los rubros; “MINISTERIO PÚBLICO Y POLICÍA JUDICIAL, VALOR PROBATORIO DE LAS DILIGENCIAS PRACTICADAS POR EL” y  “POLICÍA JUDICIAL FEDERAL, INFORMES DE LA. CONSTITUYEN DOCUMENTOS PÚBLICOS”

d.- En este caso no se observa que se haya efectuado dictamen químico, ni dictamen dactiloscópico.

Con todo lo anteriormente mencionado se llega a la conclusión que la 11ª Sala Penal, omitió hacer un análisis completo de las circunstancias que obran en autos y que fueron aportadas por la PGJDF, aplicando inexactamente la ley penal y los principios reguladores de la prueba, para determinar con certeza plena si estaba o no acreditada la responsabilidad del hoy sentenciado; que la imputación que hace la ofendida hacia mi persona, es totalmente inducida y falsa, ya que yo soy físicamente diferente a la persona que era señalada inicialmente como su agresor, tal y como se observa en el retrato hablado elaborado con datos que aporto la denunciante en su primera declaración, el cual contrasta con la fotografía por medio de la cual me “reconoce”, lo que establece que es inexistente el nexo de causalidad entre el injusto reclamado, los pasivos y él que esto escribe.

Es necesario reiterar que mi defensa no se baso en demostrar si hubo delito o no, (Las declaraciones de los sujetos sentenciados en la partida 104/90 en el Juzgado 53 Penal determinan que si hubo delito), se basó en probar que yo no soy responsable de los hechos imputados.

D.- ¿Qué pruebas aporte para acreditar mi dicho de no ser responsable de los hechos delictuosos imputados, las cuales los órganos jurisdiccionales omitieron tomar en cuenta para su análisis y valoración en el caso, y que obran en las constancias del Proceso?  

El sábado 11 de marzo de 1989, a las 21:30 hrs, fecha y hora en la que María Alejandra P. T.,  es agredida junto con su acompañante, me encontraba en la población de Nuevo Chupicuaro, Guanajuato, en compañía de mi recién nacida hija Miroslava A. T., su mamá (actualmente mi ex esposa), y parte de la familia de ésta última. Esto debido a permiso solicitado al Lic. Coello Trejo, vía mi superior jerárquico, comandante Adrian Ayala, para ausentarme de la ciudad de México, con motivo de visitar el fin de semana a mi hija recién nacida y a la madre de ésta. 

La 11ª Sala Penal manifiesta y determina que “no acredito mi dicho” (foja 401f.),  al hacer “el análisis de mi responsabilidad penal”, y se olvida de todas las probanzas por mí aportadas de acuerdo al numeral 248 del Código Procedimental[17], muchas de las cuales la 11ª Sala transcribe en sus Considerandos (aunque algunas las transcribe parcialmente) y otras de plano las omite y no aparecen en ningún Considerando o punto de su resolución, aún cuando están fedatadas en las constancias procesales.

Las siguientes fueron las pruebas por mí aportadas para probar mi inocencia en los injustos reprochados (varias de las cuales son de la propia PGJDF), ya que el día y la hora de éstos yo me encontraba fuera de la ciudad de México (lugar donde fueron perpetrados) en compañía de la familia de mi ex esposa, de ésta y de mi pequeña hija recién nacida. No solo NIEGO los hechos imputados, sino que probé, a lo largo del proceso fehacientemente la razón de mi dicho y  mi inocencia con las siguientes pruebas:

a.- Mi declaración ministerial y judicial en la que NIEGO mi participación y responsabilidad en los hechos imputados, ya que a la hora y día de llevarse a cabo éstos, yo me encontraba en otro lugar totalmente diferente y con otras actividades y personas diferentes.  En mis declaraciones no hay contradicciones entre unas y otras porque siempre me conduzco con la verdad (Considerando CUARTO, punto 56, foja 98f. de la Resolución de la 11ª Sala Penal).

Es dable resaltar en este punto, que tanto en mi declaración ministerial rendida ante el M.P, como en el momento en que soy detenido injustificadamente en las oficinas de la PGJDF (yo no me presente a declarar, las autoridades de la PGR  fueron la que me presentaron  a declarar,  y al ser detenido no se cumplió con lo estipulado por el artículo 16 Constitucional en fresca violación a éste, ya que no  mediaba ni flagrancia ni orden judicial alguna, como se analizo ya en el punto 1.2), no se cumplió en ninguna forma con lo estipulado por el artículo 20 Constitucional y los artículos 134 bis y 269 del Código Adjetivo[18], como se aprecia en autos (no hay constancia en el acta de averiguación previa ni en el pliego de consignación del cumplimiento de las garantías ordenadas en estos numerales).

b.- Las declaraciones ministeriales y judiciales de mis coacusados Andrés Brito Guadarrama, José Luis Pérez Flores y Jesús Sousa Prieto, que al igual que yo, niegan su participación en los hechos y demuestran fehacientemente su dicho, cada uno por su propia parte (Considerando CUARTO, puntos 58, 57 y 59; páginas 173f., 135f. y 188 f., de la Resolución de la 11ª Sala Penal, respectivamente). En estas declaraciones sólo se aprecia la firma del declarante, ya que no se conto con abogado defensor ni persona de confianza, y tampoco se cumplió en ninguna forma con lo estipulado por el artículo 20 Constitucional y los artículos 134 bis y 269 del Código Adjetivo.

c.- Las declaraciones judiciales de Adrián Ayala Romero (vertidas cuando fungía como Segundo Comandante de la Policía Judicial Federal dependiente de la P.G.R.), aquí cabe hacer mención que la 11ª Sala cambia totalmente lo declarado por dicho funcionario, al determinar mi responsabilidad penal en el Considerando DÉCIMO, punto A, pagina 400v., al manifestar lo siguiente:

“...ADRIAN AYALA ROMERO refirió saber que el acusado le pedía permiso al Licenciado COELLO TREJO, no explicó la razón de su dicho...” [19]

La 11ª Sala olvidó y en consecuencia  omitió la declaración que ya había descrito en el Considerando CUARTO, punto 181, pagina 268f., en la que se lee lo siguiente:

“...que aparte de las veces que ISMAEL AGUILAR salió con el Licenciado COELLO TREJO se enteró que él salía los fines de semana fue enero (sic), febrero, marzo y abril del año pasado, o sea 1989, ya que iba a un pueblo a Guanajuato, que no recuerda el nombre porque allá estaba su esposa y tenía una niña recién nacida...” (el 11 de marzo de 1989 fue día sábado). 

La 11ª Sala omite transcribir la totalidad de la declaración judicial del comandante Adrian Ayala, (foja 124f. a 131v. del Tomo V del Proceso), el cual manifiesta la razón de su dicho[20] en el cuerpo de su declaración: “se enteró que él salía los fines de semana fue enero (sic), febrero, marzo y abril del año pasado…”, y al final de su declaración:

“...que quiere que se aclaren las cosas, que se aclare la situación de sus ex-compañeros, ya que yo no creo que sean responsables de las imputaciones de que son objeto y yo declaro todo esto para que se tomen en cuenta y para que esto se resuelva con justicia...”

d.- Las declaraciones judiciales de José Luis Prado Nieves (vertidas cuando fungía como Policía Judicial Federal dependiente de la P.G.R.), en este caso la 11ª Sala determina en su Considerando DÉCIMO, punto A, pagina 400v., lo siguiente:

“...por su parte JOSE LUIS PRADO NIEVES dijo que enjuiciable pedía permiso al Licenciado para ir a Guanajuato, pero tampoco dijo la razón de su dicho...”

 La 11ª Sala transcribe parcialmente la declaración de José Luis Prado en su Considerando CUARTO, punto 185, página 274f., y omite transcribir lo siguiente:

“...que por lo que les comentó ISMAEL RICARDO AGUILAR SANCHEZ durante el tiempo que perteneció a la escolta del Lic. Coello era casado en ese tiempo no informó que había nacido una niña, por lo que a veces los fines de semana nos percatábamos que le pedía permiso al licenciado para ausentarse ya que nos había dicho que tenía que viajar hasta una población cercana a Guanajuato...”

Al preguntarle el Ministerio Público la razón de su dicho declaró lo siguiente, (dicha declaración fue omitida por la 11ª Sala al transcribir la declaración de José Luis Prado):

“...que recibió un oficio con instrucciones de la superioridad de presentarse a este Juzgado además de mi interés particular porque se aclare la situación de mis compañeros, ya que si son inocentes se les restituya en su trabajo y se acredite ante la sociedad el comportamiento de ellos y se limpie la imagen que se tiene de la Policía Judicial Federal...”;

Esta declaración se encuentra manifestada en autos en la página 184f a la 187f, Tomo V del proceso.

De lo anteriormente plasmado es de observarse que contrario a los expresado por la 11ª Sala, en el sentido de que Adrián Ayala Romero y José Luis Prado Nieves “no dijeron la razón de su dicho”, ambos testigos si expresaron los motivos por los que conocieron los sucesos y circunstancias expresados en su declaraciones, así como las causas y motivos por los cuales comparecieron a testificar. La 11ª Sala es evidentemente parcial [21] en su resolución, con lo cual trastoca en mi perjuicio el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional[22].

e.-  Las declaraciones judiciales de José Luis Esquivel Castañeda (vertidas cuando fungía como Jefe de Grupo de la Policía Judicial Federal dependiente de la P.G.R.), en este caso la 11ª Sala determina en su Considerando DÉCIMO, punto A, pagina 400f., lo siguiente:

“...incluso JOSE LUIS ESQUIVEL CASTAÑEDA refirió que dormían en los carros y descansaban haciendo roles, luego entonces resulta totalmente increíble el dicho de la esposa de ISMAEL RICARDO AGUILAR SANCHEZ y los familiares de ésta, en el sentido que el acusado la visitaba los fines de semana...”

Aquí no se que tenga que ver una cosa con otra pero en fin.  La 11ª Sala transcribe parcialmente la declaración de José Luis Castañeda en su Considerando CUARTO, punto 178, página  259v., y omite transcribir lo siguiente:

“...que ISMAEL  utilizaba para llegar a su trabajo un vehículo Eurosport, gris, lo recuerdo porque el día que descansaba era sábado o domingo e iba a ver a su esposa, me parece que a Guanajuato, ese carro lo trajo durante cuatro o cinco meses...”

Esta declaración se encuentra plasmada en autos en la foja 25f a 30f Tomo V del Proceso.

f.-  Las declaraciones judiciales de Fermín Vázquez Santa María (vertidas cuando fungía como Agente de la Policía Judicial Federal dependientes de la P.G.R.), transcritas parcialmente por la 11ª Sala en su Considerando CUARTO, punto 180, página 262f., declaraciones que textualmente dicen:

“...que ISMAEL llegaba a prestar su servicio de escolta en un Celebrity gris de cargo y muy ocasionalmente lo llevaba, ya que solo lo hacía cuando iba a salir al estado de donde es originaria su esposa...” (foja 95v a la 101f Tomo V).

g.-  Las declaraciones judiciales, de la que en tiempo de los hechos era mi esposa, Miroslava T. B., en este caso la 11ª Sala argumenta en su Considerando DÉCIMO, punto A, pagina 399v., lo siguiente:

“...coartada que pretenden fortalecer su esposa MIROSLAVA T.B., MARIA ELENA T.B., y JUAN G.S., en el sentido de que efectivamente MIROSLAVA T. B.  permaneció en el domicilio de sus padres ubicado en la población de Chupicuaro,  Guanajuato, disfrutando de una licencia por maternidad y que los fines de semana iba a verla su esposo ISMAEL RICARDO AGUILAR SANCHEZ, precisando que llegaba los sábados por la tarde y se iba los domingos por la tarde...”

La 11ª Sala transcribe parcialmente la declaración de Miroslava T. B., en su Considerando CUARTO, punto 206, pagina 289f., en donde manifiesta:

“...que el día 11 de marzo de 1989 la declarante se encontraba en Chupicuaro Guanajuato a lado de mis padres una hermana y mi hija por la mañana (sic), por la tarde ya también se encontraba mi esposo, mi cuñado JUAN G. S., mi hermana MARIA ELENA T. B., con sus tres hijos, festejamos el cumpleaños de mi cuñado...”

Lo que la 11ª Sala omitió plasmar en su transcripción de la declaración de Miroslava T. B es lo siguiente:

“...que el día 11 de marzo era sábado que desde el día 19 de diciembre de 1988 al 19 de marzo de 1989 mi ginecólogo me dio mis 3 meses de incapacidad por maternidad, y desde el 19 de diciembre mi esposo me lleva a Chupicuaro y ahí permanezco los 3 meses de incapacidad, y únicamente el 29 de diciembre en la madrugada salgo de allá hacia México para tener a mi bebé en jueves, y el sábado 31 me regresa a Nuevo Chupicuaro, el día 11 de marzo era sábado y normalmente mi esposo llegaba por la tarde y en esa ocasión mi cuñado Juan y mi hermana había  ido a casa de mi mamá a festejar su cumpleaños...” (foja 318f. a 324f. Tomo IV del Proceso).

h.- Las declaraciones judiciales de María Elena T. B., hermana de Miroslava T. B.,  en este caso la 11ª Sala determina en su Considerando DÉCIMO, punto A , pagina 400f., exactamente lo mismo que en el anterior inciso e); la 11ª Sala transcribe la declaración de María Elena T. B., en su Considerando CUARTO punto 208, página 291f., en donde manifiesta:

“...que las actividades que realizó el 11 de marzo de 1989 por la mañana mi actividad normal en la casa ya por la tarde nos fuimos ya que llegó mi esposo de trabajar  nos fuimos con mis hijos y yo a Chupicuaro Guanajuato, ahí nos la pasamos, y estuvimos como a las seis de la tarde ya que ese día le festejamos a mi esposo su cumpleaños muy especial, por cierto que era el 33, antojitos mexicanos para eso nos fuimos a las seis a Acámbaro, invitamos a mi hermana, a mi cuñada y mis cuñados allá con nosotros, los cuales no pudieron ir. ISMAEL estaba muy cansado y prefirió a quedarse a dormir...a preguntas del Ministerio Público: que lo que la movió a venir a este juzgado a prestar su declaración fue el deseo de venir a ayudar a aclarar la acusación que se le hace a ISMAEL sobre todo en la fecha 11 de marzo, ya que él se encontraba con nosotros en Chupicuaro y creo que es imposible que una persona se encuentre en dos lugares a la vez...”

i.- Las declaraciones judiciales de Juan G.  S., esposo de María Elena T. B.; en este caso la 11ª Sala establece en su Considerando DÉCIMO, punto A, pagina 400f.,  exactamente lo mismo que el anterior inciso e); la 11ª Sala reproduce la declaración de Juan G.  S., en su Considerando CUARTO, punto 209, página 291v., en donde expresa:

“...que el 11 de marzo de 1989 en la mañana me encontraba en mi trabajo, en la tarde fuimos a comer con mi suegra y mi suegro, celebrando mi cumpleaños; que las personas que estuvieron presentes el día de su cumpleaños el 11 de marzo de 1989, así como el lugar donde se celebró fue en Chupicuaro, estaba mi compadre ISMAEL mi cuñada MIROSLAVA, OLGA, hermana de mi Juan G.  S., esposa, mis suegros JOSE CARMEN T. Y ALICIA B.; que el lugar específico donde fuimos a comer con mis suegros fue en su casa, que se localiza en Chiapas 33, Guanajuato, que ISMAEL RICARDO iba cada ocho días a CHUPICUARO porque su esposa estaba en Chupicuaro, se acababa de aliviar e iba a visitarla cada fin de semana; que se alivió la esposa de ISMAEL RICARDO de parto, tuvo un niño por allá dicen que se alivió, perdón tuvo una niña; también contesto a preguntas del Ministerio Público, que lo movió a venir a este Juzgado a prestar la declaración que esta vertiendo es que mi cuñada nos comentó que estábamos citados ese día pues a ISMAEL  lo acusan de que ese día 11 de marzo no estaba con nosotros, “de violación”, no puede estar la misma persona en un lado y en otro...”

En este punto la 11ª Sala, en su Considerando DÉCIMO, punto A, pagina 400v., hace la siguiente declaratoria:

“...y si efectivamente existe la testimonial de tres personas que refieren que ISMAEL RICARDO AGUILAR SANCHEZ  se encontraba en Chupicuaro Guanajuato, el 11 de marzo de 1989, debe tenerse en cuenta que aunque no hay tacha de testigos, el Órgano Jurisdiccional deberá tomar en cuenta que los mismos son parientes del acusado y sus dichos se aprecian parciales...toda vez que sus manifestaciones no se encuentran corroboradas por otros elementos probatorios...”

Al respecto de esta declaratoria de la 11ª Sala es preciso hacer las siguientes anotaciones, que el órgano jurisdiccional omite considerar con su argumento, el cual, por cierto no funda ni motiva, en franca violación a lo ordenado en el numeral 16 de la Carta Fundamental:

La prueba testimonial es aquella que se basa en la declaración de una persona, sobre los hechos relacionados con la litis[23],  que hayan sido conocidos directamente y a través de sus sentidos por ella. A esta persona se le denomina testigo[24]. Todas las personas que tengan conocimiento directo de los hechos a prueba están obligadas a rendir su declaración como testigos, de conformidad a la regla general establecida por el artículo 356 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal[25].

Así, en un procedimiento penal deben ser examinadas todas las personas cuya declaración fuere necesaria para el esclarecimiento de un hecho delictuoso o de sus circunstancias, ya sea que se haya solicitado su examen por una de las partes o porque así resulte por cualquier modo de conformidad con el artículo 189 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. [26]

En los procedimientos penales tiene capacidad para atestiguar cualquier persona independientemente de su edad, condición social, sexo o antecedentes; pero, en ningún momento se podrá obligar a declarar al tutor, curador, pupilo o cónyuge, a los parientes por consanguinidad o afinidad en línea recta sin limitación de grado, y en la colateral hasta el tercero, del acusado; como tampoco se podrá obligar a quienes estén ligados a él por amor, respeto o gratitud. En caso de que voluntariamente rindieren su testimonio[27] deberá hacerse constar esta circunstancia en el acta respectiva, de acuerdo con los artículos 191 y 192 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal[28].

Precisamente porque cualquier persona que aporte algún indicio para esclarecer la averiguación del delito puede atestiguar en el proceso, el incidente de tachas[29] no puede oponerse, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 193 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal[30].

El juzgador, en el examen de testigos de una causa penal deberá observar las formalidades y tomar las precauciones siguientes:

i.- Antes de iniciar el examen el juez debe de informar a los deponentes sobre las sanciones que se imponen a los que declaran falsamente o se niegan a declarar o a rendir la protesta de ley.

ii.- En el proceso penal, para valorar el testimonio, el juez debió tomar en consideración los siguientes puntos:

*que el testigo no estuviera inhabilitado por alguna causa legal;

*que por su edad, instrucción y capacidad tuviera el criterio necesario para juzgar el caso que se le presentaba;

*que el hecho sobre el que se le examinó hubiera sido conocido directamente por el testigo y no por inducciones o referencias de otros;

*que la declaración fuera clara y precisa tanto sobre la sustancia como sobre las circunstancias del hecho declarado, y que en la declaración no hubiere concurrido algún vicio de la voluntad, todo esto conforme a lo prescrito en el artículo 255 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal[31].

Los órganos jurisdiccionales omitieron considerar que hacia prueba plena el testimonio de dos personas siempre que convergieran en la sustancia y en los accidentes del hecho, y que hubieran  oído o visto por sí mismos los hechos sobre los que hubieran declarado; cuando no convergieran  en los accidentes y éstos, a juicio del tribunal, no fueran  esenciales también serian prueba plena, de acuerdo a lo estipulado en los artículos 256 y 257del Código Adjetivo vigente[32] en el tiempo de los hechos; omitiendo aplicar el principio de valoración de prueba tasada [33],  que obligaba a los mencionados órganos a tener por ciertos los hechos referidos por los testigos.

También omitieron considerar la opinión de la Corte al respecto:

TESTIMONIAL CONYUGAL, VALOR PROBATORIO DEL.- El  Artículo 243 del Código Federal de Procedimientos Penales, dice que no se obliga a declarar al cónyuge del inculpado, más no que debe advertírsele que tiene derecho a no declarar en contra de él, por lo cual, si no consta en autos  de que el conyugue haya sido obligado a declarar, la declaración de éste tiene valor igual de cualquiera otra persona.

Semanario Judicial de la Federación, Compilación Precedentes de la Primera Sala 1969 – 1985. Séptima Época. Tomo 90.  Segunda Parte, Página: 45. Apéndice 2000, Primera Sala, 7a. Época. Tomo: 79. Tercera Parte, Página: 1473.

TESTIGOS EN MATERIA PENAL. NO EXISTEN TACHAS. En materia penal no se admiten tachas, y el hecho de que un testigo tuviese lazos íntimos con el pasivo no inhabilita su declaración, pues si bien pudiese establecer motivos de desconfianza, para dudar de la veracidad de su relato, esto no acontece si su testimonio es acorde con la confesión del activo y las declaraciones de otros testigos presenciales.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, 9a. Época. Tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/93. Tomo: V, Marzo de 1997, Página: 750

TESTIMONIAL, PRUEBA. PARIENTES DEL ACUSADO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). No puede negarse valor convictivo a ningún testimonio en un proceso penal, únicamente por el hecho de que al deponente lo unan lazos familiares con el acusado, pues estimar lo contrario, llevaría al extremo de considerar que tratándose de cualquiera de las personas que enumera el artículo 209 del Código de Procedimientos Penales de la entidad, ningún valor puede dársele a dicha prueba, y así resultaría ocioso lo dispuesto por tal precepto que permite la declaración de quienes son parientes del acusado.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época. Tomo: X, Septiembre de 1992, Página: 389

TESTIGOS, PARIENTES DEL ACUSADO. La amistad o el parentesco de los testigos con el acusado, no invalida el contenido de sus declaraciones si no hay en autos datos fehacientes que induzcan a creer que tales testigos se produjeron con falsedad.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, 5a. Época. Tomo: LXXII, Página: 3036

TESTIMONIOS DE FAMILIARES.- En materia penal no se admiten tachas, por lo que no hay razón para desechar las declaraciones de unos testigos presenciales, solo por las circunstancias de ser familiares de los protagonistas (Activo y Pasivo).

Directo 5, 652/1961.- Amada Camacho Mejía y Andrés Anaya Valdez.- Resulto el 8 de febrero de 1962, por Unanimidad de 5 votos.  Ponente: Su Ministro Mercado Alarcón.- Secretario: Lic. Rubén Montes de Oca.- Primera Sala Boletín 1962, p. 125.

PARIENTES DEL ACUSADO, TESTIMONIO DE LOS. Si se recibe el testimonio de la esposa e hijos del acusado, sin hacerles la advertencia de lo que previene la ley procesal, sobre de que pueden abstenerse de declarar, tal omisión no afecta el contenido de sus declaraciones, ni pueden dejar de ser admitidas, si fueron producidas voluntariamente y, además, concuerdan, en esencia, con lo confesado por el reo.

Amparo penal directo 4174/41. Espejel Magdalano. 15 de julio de 1942. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

TESTIGOS PARIENTES DEL ACTOR. VALOR PROBATORIO DE SUS DECLARACIONES. El hecho de que algún testigo en un juicio de orden civil sea pariente del actor, no es suficiente para viciar su dicho o minimizar su atesto por considerarlos parciales, pues ello no destruye la regla general de que, todos los que conocen de un hecho deben declarar respecto del mismo ante las autoridades, porque para ello es preciso justificar con razones fundadas que los testigos no son dignos de fe.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época. Tomo: XII, Agosto de 1993, Página: 593

Las testimoniales de Miroslava T.B., María Elena T.B y Juan G. S., cumplieron con los extremos que establece la ley para la validez de la prueba testimonial,  ya que dichos testigos no estaban  inhabilitados por alguna causa legal; por su edad, instrucción y capacidad tenían el criterio necesario para juzgar el caso que se les presentó; el hecho sobre el que se les examinó fue conocido directamente por éstos y no por inducciones o referencias de otros; sus declaraciones fueron claras y precisas tanto sobre la sustancia como sobre las circunstancias del hecho declarado, y en sus declaraciones no  concurrió algún vicio de la voluntad. Si los órganos jurisdiccionales hubieran encontrado que alguno o algunos de estos requisitos exigidos a la prueba testimonial no se hubieren cumplido, lo hubieran expresado en sus resoluciones, cosa que no sucedió, como se observa en las mismas. Tampoco el M.P., de la PGJDF, ni el Juez de la causa cuestionaron o determinaron sospecha de que los testigos se hubieren conducido con falsedad o se hubieren contradicho en sus declaraciones, ya que de haberse producido esto, se habría ordenado que dichos deponentes quedaran a disposición del M.P, tal y como lo establecen los numerales 205 y 214 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal[34].

La  11ª Sala incurre en falsedad al emitir en su declaratoria que  las manifestaciones  de las tres testigos a los que hace alusión,  Miroslava T.B., María Elena T.B y Juan G. S., “no se encuentran corroboradas por otros elementos probatorios”, ya que éstas se concatenan con las declaraciones de Adrián Ayala, José Luis Prado, José Luis Esquivel y Fermín Vázquez, declaraciones analizadas en los incisos c), d), e) y f)  anteriores, y con los elementos probatorios (documentales) que más adelante se analizaran las cuales corroboran las manifestaciones de dichos testigos, por lo que no le asiste la razón a la 11ª Sala.

j.- Las declaraciones judiciales de la denunciante Silvia R. P. en torno a la evidente inducción por parte de funcionarios de la PGJDF hacia los denunciantes, para que identificaran a determinadas personas, declaraciones analizadas ya en el punto III  inciso E de este trabajo.

k.- Las declaraciones del primer Comandante de la Policía Judicial Federal Fausto Valverde Salinas (vertidas cuando fungía como agregado de la P.G.R. en los Estados Unidos de América), en torno a la inducción, anomalías procedimentales y reconocimiento hacia determinadas  personas en las diligencias de confrontación, mismas declaraciones que ya fueron analizadas en el punto II  de este análisis.

l.- Las diferentes constancias que obran en autos (Averiguaciones Previas), donde se encuentran plasmadas el desarrollo de las diligencias de confrontación, y en las que se observa la forma totalmente antijurídica del procedimiento; constancias procesales que se encuentran al principio del Tomo I del Proceso y que ya fueron analizadas en este trabajo en los puntos I, II y III, y en donde se concluye que se vulnero en mi perjuicio las garantías individuales plasmadas en los párrafos segundo y tercero del artículo 14 y en el párrafo primero del artículo 16 de la Constitución Federal al violentar el procedimiento establecido en el numeral 217 del Código de Procedimientos Penales para el D.F., al someterme a una diligencia de Confrontación sin existir ningún indicio, evidencia o dato alguno de un señalamiento directo hacia mi persona, de manera clara y precisa en las declaraciones de los denunciantes o en las investigaciones de la PGJDF plasmadas en el expediente.

ll.- La documental pública, consistente en copia certificada del acta de matrimonio expedida por el Oficial del Registro Civil de Chupicuaro, Guanajuato, el día 16 de julio de 1988, en el cual consta el matrimonio civil de Ismael Ricardo Aguilar  Sánchez y Miroslava T. B., la cual establece mi estado civil, y el nombre de mi esposa.  (Considerando CUARTO, punto 134, página 231f. de la Resolución de la 11ª Sala Penal).

m.- La documental pública, consistente en copia certificada del original del memorándum emitido el 2 de abril de 1990, por el ISSSTE Hospital Regional 20 de Noviembre. Torre de Consulta externa, oficina de licencias médicas, en el cual se hace constar que en el libro de Registro de esa oficina se encuentra anotada la licencia médica S-774527 que ampara 90 días de incapacidad por maternidad a partir del 19 de diciembre de 1988 a favor de Miroslava T. B., expedida por el Dr. Alfonso Pineda Beltrán documental que nunca fue rebatida o puesta en duda por la Representación Social como se aprecia en autos, y que establece la veracidad de las declaraciones vertidas por mis testigos y por mí, en torno a la Incapacidad o Licencia Médica por maternidad de la madre de mi hija, motivo por el cual se encontraba ella durante ese período de incapacidad en Nuevo Chupicuaro, Guanajuato, en compañía de sus padres y de mi pequeña hija recién nacida, motivo por el cual, todos los fines de semana del período antes mencionado, yo viajaba a Nuevo Chupicuaro a visitarlas, incluyendo en dichas visitas el sábado 11 de marzo de 1989.  La 11ª Sala al estudiar mi responsabilidad penal omite mencionar esta documental pública y olvida lo estipulado por el artículo 250 del Código Procedimental[35].  (Considerando CUARTO, punto 134, página 231f., de la Resolución de la 11ª Sala Penal).

n.- La documental pública, consistente en copia certificada del Acta de Nacimiento de Miroslava A. T, en la que se establece su fecha de nacimiento, siendo éste el día 29 de diciembre de 1988, constancia expedida por el Departamento del Distrito Federal, y que establece la veracidad de lo declarado por mis testigos y por mí, en torno al nacimiento de mi hija.  (Considerando CUARTO, punto 134, pagina 231 f., de la Resolución de la 11ª Sala Penal).

ñ.- La documental pública, consistente en copia certificada del acta de nacimiento del señor Juan G. S. expedida por el Gobierno de Guanajuato, en donde se observa que nació el 11 de marzo de 1956,  motivo por el cual celebró su cumpleaños el sábado 11 de marzo de 1989, lo cual establece la veracidad de lo declarado por mis testigos y por mí.  (Considerando CUARTO, punto 134 pagina 231 v., de la Resolución de la 11ª Sala Penal).

o.- La documental pública, consistente en copia certificada del primer testimonio de la Escritura Pública No. 12013 de fecha 9 de octubre de 1990, expedida por el Licenciado Luis Solís Mujica, Notario Público No. 2 en la Ciudad de Acambaro, Gto. , misma en la que se da fe de la finca urbana ubicada en xx  No. xxx  propiedad del señor  J. C. T. L., documental que demuestra la existencia del inmueble en Nuevo Chupicuaro, Gto., la cual es propiedad de  mi suegro J. C. T., lugar en donde paso su tiempo de incapacidad médica la madre de mi hija M. T. B., mismo donde estuve a visitarla el 11 de marzo de 1989, corroborando las declaraciones de mis testigos y la mía. (Considerando CUARTO, punto 134, página 233f., de la Resolución de la 11ª Sala Penal).

p.- La documental pública, consistente en las copias certificadas de la causa penal 104/90 instruida en el Juzgado 53 Penal del Distrito Federal, donde varios sujetos declararon ante el Ministerio Público, entre otros (como se puede apreciar en dichas constancias) los ilícitos que se me reprochan, en el caso que se analiza, que motivo la A.P. 23/1488/989-04  levantada el 11 de marzo de 1989, (Considerando DÉCIMO, punto 20, pagina 420 v., de la Resolución de la 11ª Sala Penal).

En este punto cabe mencionar que los órganos jurisdiccionales violentaron en mi perjuicio las garantías constitucionales ordenadas en el artículo 20 fracciones V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos establecidos en los artículos 9.1, 14.2 y 14.3b del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículos  7.2, 7.3 y 8.2c de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; en relación con lo que estipulaba el artículo 160 fracción VI de la Ley de Amparo y los artículos 135 fracción II y su último párrafo, 230 y 243 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vigentes en el tiempo de los hechos[36].

La 11ª Sala Penal sólo mencionó escueta, parcial y erróneamente el proceso 104/90  instruido en el Juzgado 53º Penal, en el Considerando DECIMO, punto 20, página 420v., de su Resolución, siendo el videograma  presentado como prueba documental, parte de las copias certificadas del mencionado proceso, los cuales se ofrecieron como medios de convicción, para demostrar no sólo mi inocencia en los hechos imputados, sino quienes eran los responsables de los mismos, según las propias declaraciones ante el Ministerio Público, de los policías preventivos adscritos al Sector 11 de Tlapan, que aparecen consignados en la prueba presentada; declaraciones que también se observan en el video, mismo que fue rechazado como prueba que complementaba las deposiciones que obran en las copias certificadas del proceso 104/90:

“20- Las copias certificadas de la causa penal número 104/90 instruida en el Juzgado Quincuagésimo Primero de lo Penal en el Distrito Federal.

En dicho considerando DECIMO, la 11ª Sala, al analizar la “responsabilidad penal”, no analiza las pruebas que ofrezco en mi defensa, además de que sólo las menciona escuetamente por formalismo, y de una manera errónea; como por ejemplo en este caso, el proceso 104/90 se llevó a cabo en el Juzgado Quincuagésimo Tercero y no en el Quincuagésimo Primero como erróneamente plasma la Sala en el mencionado Considerando.

En este contexto, la Corte ha fijado su criterio en las siguientes tesis:

PRUEBAS, LA FALTA DE ESTUDIO DE LAS, RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS. La omisión del examen, así como la falta de expresión de las razones por las cuales se otorga o niega convicción al material probatorio por el juzgador al momento de emitir una resolución, constituyen vicios que se traducen en violaciones a los artículos 14 y 16 constitucionales, por transgredir el principio de legalidad, dada la falta de motivación de la resolución correspondiente, ya que las pruebas aportadas por la partes deben ser valoradas de manera razonada, al momento de dictarse la resolución.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, 9a. Época. Tesis de Jurisprudencia VI.1o.P.28 K. Tomo: XIV, Diciembre de 2001, Página: 1787.

Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XI, febrero de 1993, página 309, tesis II.2o.85 P, de rubro: "PRUEBAS, FALTA DE ESTUDIO DE LAS. ES VIOLATORIO DE GARANTÍAS.".

PRUEBAS, FALTA DE ESTUDIO DE LAS. ES VIOLATORIO DE GARANTIAS. La Sala Penal tiene la obligación de examinar fundada y lógicamente las pruebas que tiendan a acreditar la existencia del cuerpo del delito y la plena responsabilidad del acusado; y por tanto, es claro que si omite el estudio de todas o algunas de las aportadas por la defensa, tal proceder es violatorio de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica, establecidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, por carecer el acto autoritario de la debida fundamentación y motivación.

Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, 8a. Época. Tomo: XI, Febrero de 1993, Página: 309

PRUEBAS, FALTA DE ESTUDIO DE LAS. Si el juzgador omite estimar las pruebas allegadas por una de las partes, tal hecho importa una violación a los artículos 14 y 16 constitucionales, y por ello procede conceder la protección federal, a fin de que, al dictarse nueva sentencia, se tomen en consideración las pruebas que no fueron estimadas.

Apéndice de 1995, Pleno, 5a. Época. Página:   279. NOTA: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Época la tesis aparece publicada con el rubro: "PRUEBAS".

Se vulneraron los numerales antes mencionados porque en el transcurso del proceso de la Primera Instancia, específicamente el día 8 de julio de 1993, antes de la fecha de la Audiencia de Vista, fue ofrecida en tiempo y forma y de acuerdo a éstos, la documental consistente en el original de un videocassete en formato Beta, el cual contenía un videograma  del programa “Cita 2000” realizado por el periodista Jaime Maussan, en el cual se observa un reportaje que versa sobre los delitos sexuales en general, y en especial sobre una cadena de violaciones cometidas por una banda compuesta por varios policías preventivos adscritos al Sector 11 de Tlapan;  la cual, según sus declaraciones ante el Representante Social, venia delinquiendo desde el año de 1988, siendo detenidos por la PGJDF a fines del mes de julio de 1990 (fecha en la que me encontraba ya detenido junto con mis compañeros de causa) y cuyo Modus Operandi es el mismo al que se señala en el presente proceso, cuyos injustos se me imputan.

El motivo de ofrecer como prueba de mi inocencia en los hechos imputados, la documental consistente en el videocassete  del citado programa de la empresa Televisa, fue que en el reportaje que contiene se observa a este grupo de policías preventivos declarando sin presión física ni psicológica (incluso dos de ellos lo hacen cínicamente), ante el reportero y las cámaras de televisión. En dicho reportaje, estos policías preventivos aceptan los hechos imputados, es decir aceptan  las acusaciones que les hacen de ser responsables de una cadena de violaciones ocurridas entre los años de 1988 a Julio de 1990, observándose que en  dicho videograma se aprecian claramente sus características físicas, concordantes con las declaradas por las denunciantes  en el proceso 6/90, al respecto de sus agresores; características físicas que se muestran en los retratos elaborados por los denunciantes y que se comparan en el documento que contiene el estudio del Modus Operandi, con las de los sujetos que aparecen en el video y con las fotografías de las personas procesadas en la causa penal No. 104/90 seguida en el Juzgado 53º Penal.

En el proceso 104/90 se observa que el ofrecimiento de la documental consistente en un videograma, fue por parte de la Representación Social, signado el oficio de ofrecimiento,  el Lic. Daniel Aguirre Luna, (mismo Ministerio Público actuante en el proceso seguido en contra nuestra); dicha prueba documental la ofreció el M.P. al Juzgado 53º Penal el 6 de febrero de 1991, “con la única finalidad de la búsqueda de la verdad histórica de los hechos”, según el propio Ministerio Público, probanza que fue aceptada y desahogada por el órgano jurisdiccional mencionado como documental el 7 de febrero de 1991; por lo que en vista de este precedente y de venir mencionada e inserta en el mencionado proceso 104/90, es como se ofrece por mi parte, en tiempo y forma al Juzgado 18° Penal donde no fue aceptada con el argumento de que no reunía los elementos de una prueba documental, con lo que se violentó en mi perjuicio el principio de igualdad jurídica estipulado en artículo 1° de la Constitución Federal[37], así como lo establecido en los artículos 230 y 243 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, vigentes en el tiempo de los hechos.

Con base en lo establecido en el numeral 230 del Código Adjetivo, en el sentido de que  son documentos públicos y privados aquellos que señala con tal carácter al Código de Procedimientos Civiles, se observa que  dentro de la sección VII, llamada “fotografías copias fotostáticas y demás documentos” del Capítulo IV, denominado “de las pruebas en particular” del título Sexto del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se encuentran los artículos 373 y 374, vigentes en el tiempo de los hechos, que a la letra señalan:

Artículo 373.- Para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile, pueden las partes presentar fotografías o copias fotostáticas.  Quedan entendidas dentro del término fotografías, las cintas cinematográficas y cualesquiera otras producciones fotográficas.

Artículo 374.-  Como medio de prueba deben admitirse también los registros dactiloscópicos, fonográficos y demás elementos que produzcan convicción en el ánimo del Juez, la parte que presente esos medios de prueba deberá ministrar al Tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y/o figuras”.

Al observar los anteriores artículos se advierte que queda sin fundamento el argumento de la Jueza, en el sentido de que el videograma no reunía los elementos de una prueba documental, (aun cuando se anexo como prueba el oficio de presentación de dicho videograma como documental, por parte la PGJDF al Juzgado 53º Penal, y la aceptación de éste como tal, por el mencionado Juzgado), motivo por el cual ésta no lo acepto la probanza ofrecida en tiempo y forma y en igualdad de circunstancias con la que la ofreció la Representación Social en el Juzgado 53º Penal, omitiendo considerar lo establecido en el artículo 135 fracción II y su último párrafo del Código Procesal, de que la Ley reconoce como medios de prueba los documentos públicos y privados y que se admitirán como prueba en los términos del artículo 20 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo aquello que se ofrezca como tal; omitiendo también contemplar lo que los estudiosos del Derecho opinan al respecto:

“Entendemos por documento, a los efectos de prueba, el objeto material en el que se manifiesta una expresión de contenido convencional por medio de una escritura o de cualesquiera otros signos, imágenes o sonidos” [38]  

Al respecto, la Corte ha emitido los siguientes criterios:

PRUEBAS, NEGATIVA DEL JUEZ A RECIBIRLAS. Aunque una autoridad tenga facultades para valorar el alcance de una prueba una vez recibida, no las tiene, fundándose en prejuicios sobre su eficacia, para abstenerse de recibirla, acto que constituye una violación de procedimiento, que priva al quejoso de defensa, y, por lo mismo, amerita la concesión del amparo que contra tal acto se pida.

Apéndice de 1954, Segunda Sala, 5a. Época. Página 1570.

PRUEBAS, NEGATIVA DEL JUEZ A RECIBIRLAS. Como el artículo 160 de la Ley de Amparo, en su fracción VI, establece que se consideran violadas las leyes del procedimiento y privado de defensa al quejoso, cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, y siendo la identificación de una persona, materia de la prueba testimonial, si el quejoso negó la identidad de un testigo de cargo y ofreció al efecto prueba testimonial en tiempo y forma legales, y no se le aceptó, existe violación del procedimiento que le produjo indefensión.

Semanario Judicial de la Federación, Primera Sala, 5a. Época. Tomo: LXXXII, Página: 1436

PRUEBAS, EL JUEZ NO PUEDE RECHAZARLAS ADUCIENDO QUE NO TIENEN RELACION CON EL NEGOCIO.- Independientemente de que el Juzgador considere que debe o no razonar las pruebas ofrecidas, porque no tengan relación con el negocio, no puede rechazarlas, ya que la fracción V, del artículo 20 Constitucional es clara en cuanto a la recepción de pruebas, pues la única condición que señala es que los testigos se encuentren en el lugar del proceso.

Séptima Época. Segunda Parte: Vol.62p. 24 A.D. 4466/73 Francisco Villarreal Figueroa. Mayoría de 3 votos.

Dentro de las declaraciones que vienen plasmadas en dicho proceso 104/90 y que el Juzgado18º y la 11ª Sala Penal,  no observaron, menos valoraron, y del cual el video rechazado era parte importante, se observa que declaran los hechos delictivos en contra de María Alejandra P. T., que motivaron la A.P. 23/1488/989-04  levantada el 11 de marzo de 1989:

p₁.- Entre  las cosas que declara ante el Ministerio Público, Mario Alberto Ballardo Hernández, se lee lo siguiente, en la página 15 del proceso 104/90, anexado al presente trabajo:

“...que hace aproximadamente un año y medio que comenzaron asaltar parejas a bordo de sus vehículos y violar a las mujeres... que también hace aproximadamente tres semanas interceptaron un vehículo Spirit blanco en la Colonia Hidalgo de Tlapan llevándose el vehículo y a la dama al domicilio de Humberto García Álvarez (a) EL JAROCHO (sic)…que hace aproximadamente un año dos meses interceptaron por la escuela Primaria Héroes de Padierna un vehículo chevrolet Malibú robándose el vehículo llevando a la dama hacía una terracería de Héroes de Padierna violándola todos...a preguntas especiales dice que él era el jefe de la banda que operaba con el de la voz lo era el dicente...”

Mario Alberto Ballardo Hernández  (el único sujeto que no era policía preventivo y que fue liberado de forma ilegal por el Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Penal, dentro del recurso de queja 1/95, el 30 de junio de 1995[39](ver “Comunicado de la PGR)), declaró 34 hechos ilícitos, 25 de las cuales los ubica en el año de 1989 y analizando detenidamente sus depuestos visibles en el  proceso 104/90, está declarando el ilícito cometido en agravio de María Alejandra P. T., y acompañante acaecido el 11 de marzo de 1989 (vehículo Chevrolet Malibú); el de Eva Ruth D. B., acaecido el 13 de julio de 1989 (galaxie rojo), el de Martha Patricia V. M.,  acaecido el 14 de junio de 1989 (shadow azul); el de Miriam S. M., acaecido el 28 de julio de 1989 (caribe color rojo, aquí los denunciantes dicen que van en una caribe azul, pero el tiempo y el lugar son muy concordantes, y en la esfera de recuerdos del declarante y del número de ilícitos perpetrados pudiera estar la variación); el de María Isabel R. M., acaecido el 11 de octubre de 1989 (Ford Fairmont café, incluso la denunciante menciona al Jetta color oro vehículo en el que viajaban los agresores y que también es robado por asalto).  Además de declarar otros vehículos robados que utilizaban para llevar a cabo sus ilícitos como el Dart k gris , el Topaz color azul, Topaz gris, Topaz negro y el Jetta color oro, declara las zonas de Coapa, Coyoacán, Héroes de Padierna, Ermita como sus áreas de intercepciones a parejas, el área de San Pedro Mártir , la colonia Hidalgo y el domicilio del “jarocho” como los  lugares donde agredían a sus víctimas, y un periodo de llevar a cabo sus fechorías de un año y medio (fueron detenidos en julio de 1990).

p_2.-  Guillermo Hernández Hernández ante el M.P., declaró:

“…recuerda que roban otro vehículo Chevrolet Malibú color azul en la calle de Tizimin, Héroes de Padierna llevan a la pareja a San Andrés Totoltepec y violan a la dama…”

p_3.-  Prácticamente todos los demás cómplices declaran en el mismo tenor, aunque hay una parte de la declaración de uno de ellos, la cual se observa en la página 30 del proceso 104/90, la de Humberto García Albores, “el Jarocho”, que es prácticamente igual a la de la denuncia de María Alejandra P. T.:

“...que hace aproximadamente un año y tres meses, siendo aproximadamente las 23:00 hrs, dirigiéndose a los Ejidos de Padierna, lugar en que se percataron que había un vehículo MALIBU, y en el interior se encontraba una pareja joven besándose, por lo que el dicente y sus compañeros los amagaron con sus pistolas diciéndoles “esto es un asalto”, pasándolos al asiento trasero, enfilándose a las orillas del pueblo de Padierna, despojándoles de sus pertenencias, y en ese lugar, en la parte trasera del vehículo MALIBU procedieron a violar a la mujer, de aproximadamente 25 años de edad...que posteriormente a la pareja la encajuelaron en el MALIBU, trasladándolos a la colonia HIDALGO, en donde los dejaron adentro de la cajuela...”

p_3.- Recordemos la declaración de la denunciante María Alejandra P. T., que la 11^a  Sala transcribió parcialmente en su Considerando CUARTO, punto 41, página 72v:

“...Que el día 11 de marzo del presente año, siendo aproximadamente las 21:30 hrs, circulaba a bordo de su vehículo de la marca MALIBU, placas no las recuerda, en compañía de su novio Luis A. R., que circulaban por la calle 4 de la colonia Pedregal de San Nicolás  Totolapan (esto es en Héroes de Padierna), cuando de pronto un vehículo de marca Topaz color café oscuro, placas de circulación 469-LMP o 649 LMP...se les cerró...y dos sujetos del vehículo topaz se bajaron y abrieron las dos puertas, ya que iban armados, con una metralleta uno y otro con una pistola ...y los obligaron a bajarse y pasarse a la parte de atrás...y empezaron a circular, que solo alcanzó a ver que se metían por una calle que sale a la colonia HIDALGO, que los llevaron hasta una terracería, que entonces esos sujetos les dijeron que era un asalto, que a la emitente le quitaron su bolsa con objetos personales...que al novio de la declarante lo metieron a la cajuela de su vehículo...le dijeron que eran agentes...un supuesto comandante le dijo que tenía que hacer el amor con él...en donde la violaron los otros sujetos...”

ES TOTALMENTE EVIDENTE QUE SE ESTA HABLANDO EN LAS TRES DIFERENTES DECLARACIONES DEL MISMO HECHO.

q.- La documental consistente en un videograma  del programa “Cita 2000” realizado por el periodista Jaime Maussan, en el cual se observa un reportaje que versa sobre los delitos sexuales en general, y en especial sobre una cadena de violaciones cometidas por una banda compuesta por varios policías preventivos adscritos al Sector 11 de Tlapan;  la cual, según las declaraciones  de éstos ante el Representante Social, venían delinquiendo desde el año de 1988, siendo detenidos por la PGJDF a fines del mes de julio de 1990. En el inciso p), ya se han hecho varias consideraciones sobre el hecho de que el Aquo se negó a recibir dicho video.

Abundando en esta probanza, la 11ª Sala Penal,  en su Considerando DECIMO SEXTO, en el punto 8, página 459v., da una serie de razonamientos para desestimar las constancias ofrecidas (copias certificadas del proceso 104/90) pero en ningún momento hace manifestación alguna del agravio consistente en el rechazo de la documental consistente en el videograma que es la parte esencial de la prueba,  y solo se concreta a determinar lo siguiente:

“---8.- Por otra parte, los recurrentes refieren que los hechos delictuosos de que fueron objeto las mujeres violadas y sus acompañantes, si se verificaron, pero que los hoy acusados no fueron los autores de los mismos, señalando que las declaraciones de aquellas concatenan en cada uno de sus puntos, con los hechos, que también de esta naturaleza, se les atribuyen a otros sujetos en el Juzgado Quincuagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal y que dieron origen a la partida 104/90, por lo tanto los apelantes invocan en que fueron estos sujetos quienes perpetraron los delitos que a ellos se les imputan e inclusive en la Audiencia de Vista celebrada en esta Sala, exhibieron un retrato hablado elaborado en este procedimiento penal (A), correspondiente a su juicio a la foto de uno de los procesados en dicha causa (B).  Al respecto, esta Sala estima que no le asiste la razón a los apelantes, toda vez que en la causa consta la diligencia en la cual algunas de las mujeres violadas al tener a la vista a los procesados en la partida, y Juzgado que mencionan, manifestaron que no fueron estos los sujetos que perpetraron la agresión sexual en su contra, por lo que independientemente de la mecánica de los delitos perpetrados, por aquellos delincuentes sea similar a la empleada por los hoy enjuiciados, ello no significa de manera alguna que así se demuestre que los sujetos aquí procesados no participaron  en la comisión de las violaciones que les imputaron las hoy ofendidas realizaron en su contra”.

Este argumento que se observa en el mencionado punto 8 de la Resolución de la 11ª Sala Penal está plagado de imprecisiones que me conculcaron  garantías individuales, siendo éstas las siguientes:

q₁.- Omitió mencionar que el motivo esencial del agravio fue que la Juez no aceptó la documental consistente en el videograma, aún cuando éste se presentó en tiempo y forma; por lo que al validar de esta forma el proceder de la Jueza , la 11ª Sala  me conculcó las mismas garantías constitucionales que la primera, violentando el principio de igualdad jurídica estipulado en la Constitución , ya que este  videograma fue ofrecido en igual forma que la PGJDF al Juzgado 53º Penal, donde éste fue aceptado como prueba documental, desahogándose ésta, como se observa en los acuerdos que obran en el proceso 104/90 del mencionado Juzgado.

 q₂.- En el retrato hablado que aparece en el proceso en A.P. DS/22/101/987-07 y que está marcado en el ANEXO 112 con el número 14 (A), se observa la descripción que  hace de él, la denunciante Miriam S. M, de él “COMANDANTE”:

“indicándole que todavía le faltaba “al COMANDANTE”, que tiene la siguiente media filiación, de aproximadamente 50 años, complexión regular, pelo chino negro, cara oval, frente despejada y ojos pequeños ceja normal...”

 Descripción del mismo sujeto que es complementada con la declaración  del novio Miguel Ángel de A:

 “que uno de ellos tenía acento como cubano o veracruzano...de pelo chino...que al parecer tenía un diente brilloso, al parecer de oro o plateado, algo brillaba dentro de su boca...”

 Descripciones que dan origen a la elaboración de un retrato hablado, el cual si se compara con la imagen de Humberto García Albores “el jarocho” (B) , sujeto que se observa en el videograma  rechazado y cuya declaración es prácticamente igual a la de la denuncia de María Alejandra P. T. , se concluye que es la misma persona; amén de que el mismo reportero en el video, indica que fue identificado por sus víctimas por estas características, su acento costeño que se le nota cuando habla en el video, su aspecto físico y el diente “brilloso, todo es observable en el reportaje, que no vio  la 11ª Sala, ni la Jueza 18ª, porque la prueba no fue aceptada sin fundar ni motivar este acto, por lo que al hacer la declaratoria que es “a mi juicio” la misma persona, sin ver ni valorar las pruebas, me conculca las garantías constitucionales de legalidad jurídica y mis derechos humanos.

 q₃.- La 11ª Sala argumenta que no nos asiste la razón, en el sentido de que nosotros responsabilizamos de haber  perpetrado los delitos que a nosotros se nos imputaron,  al grupo de policías preventivos sentenciados en el Juzgado Quincuagésimo Tercero de lo Penal del Distrito Federal en la partida 104/90, estableciendo:

“que las denunciantes al tener a la vista a los procesados en la partida y Juzgado que mencionan, manifestaron que no fueron éstos los sujetos que perpetraron la agresión sexual”.

Aquí la 11ª Sala vuelve a incurrir en imprecisiones en perjuicio mío, con el resultado patente de sentenciarme a perder mi libertad, con base en argumentos falaces:

q_3.1.- Manifiesta que “en la causa consta la diligencia”,  no aclara en que causa, en la nuestra, 6/90, no consta ninguna diligencia de confronta de los denunciantes, con los sujetos procesados en la 104/90, como puede verificarse en las constancias del proceso.

q_3.2.- Dice que las agraviadas “al tener a la vista a los procesados en la partida y Juzgado que mencionan”; la 11ª Sala evidencia que no estudió el proceso 6/90, mucho menos vio el 104/90, ya que la “supuesta confrontación” de los denunciantes con los procesados en la causa 104/90, fue llevada a cabo por la PGJDF y no por el Juzgado 53º, menos aun por el Juzgado 18º Penal; fue llevada a cabo por la Dirección General de Averiguaciones Previas, Agencia Central Investigadora, H. Segundo Turno y aparece en la hoja 102 de las constancias que sirvieron para la consignación al Juzgado 53º;  y no fue en la partida 104/90, sino en la A.P.. 22ª/68/89-07. AP., que fue iniciada por la denuncia de Eva Ruth D. B., pero extrañamente dicha diligencia no viene reseñada en ninguna parte de la AP., mencionada, como se puede constatar en autos. 

En julio de 1990, yo era parte del proceso en que aparece la A.P., antes mencionada, en esta fecha se llevó la supuesta confrontación de las denunciantes con los sujetos procesados en el Juzgado 53º, al ser yo parte de este proceso, se debió haber notificado al Juzgado 18º, (ya que si creyeron o pensaron que yo no tenía derecho, cuando menos el Juzgado si debería estar enterado), cosa que nunca aconteció con lo que se pone en evidencia la antijurídica actuación de la PGJDF.  La 11ª Sala  Penal no hace ninguna declaratoria al respecto.

q_3.3.- Señala que las declarantes “manifestaron que no fueron estos los sujetos que perpetraron la agresión sexual en su contra”; en la hoja 102 de las constancias que sirvieron para la consignación de los policías preventivos antes mencionados al Juzgado 53º Penal, se aprecia la siguiente:

“COMPARECENCIA”.- “Enseguida y presente en esta oficina quien dice llamarse EVA B. DE D., quien debidamente protestada y advertida que es conforme a sus generales.........DECLARO.- Que la dicente el día 13 de julio de 1989 denunció el delito de VIOLACION Y ROBO cometido en agravio de ella misma y de su hija: EVA RUTH D., iniciándose la AVERIGUACION PREVIA. 22ª/68/989-07, y que al tener a la vista a quienes ahora sabe responden a los nombres de: MARIO ALBERTO BALLARDO HERNANDEZ, HUMBERTO GARCIA ALBORES, GUILLERMO HERNANDEZ HERNANDEZ, ADALBERTO SORIANO GARAY y ARMANDO SOSA VELAZQUEZ, NO LOS RECONOCE NI IDENTIFICA como los responsables de los hechos que denuncia que es todo lo que tiene que decir y previa lectura que hace de su dicho lo ratifica y firma al margen para constancia legal”.

Como se mencionó en el punto anterior (q_3.2), la A.P. 22ª/68/989-07 está en el proceso que se siguió en el Juzgado 18º Penal, “la diligencia de confronta” fue llevada a cabo por la PGJDF usando como referencia dicha A.P., y la PGJDF NUNCA ANEXO ÉSTA, NI INFORMÓ AL JUZGADO 18º PENAL DE TAL PROCEDIMIENTO Y SU RESULTADO, como puede constatarse en autos; tampoco se me notifico a mí la celebración de dicha confronta ya que en esa fecha yo era parte de ese proceso.

Ahora la denuncia fue levantada el 14 de julio de 1989 y aquí lo absurdo que denota la mala fe de la PGJDF y que nunca fue mencionado por el Juzgado ni por la 11ª Sala menos valorado; ¿Cómo puede la mamá de Eva Ruth D. B. (Eva B. de D.), reconocer y/o identificar a nadie, si como se observa en las constancias procesales, el día 13 de Julio de 1989 Eva Ruth D. B., iba en compañía de su novio Roberto A. H., y ninguna otra persona iba con  ellos dos? En las constancias procesales se observa que la única persona que es agredida sexualmente es Eva Ruth D. B., la mamá no iba con ellos en el momento de la agresión ; la mamá nunca es agredida sexualmente por ésta obvia razón de no estar con ellos al momento de la agresión, entonces ¿Cómo puede declarar que el día 13 de julio denunció el delito de violación y robo en agravio de ella misma y que inició la AP. 22a/68/989-07, si ella no iba con su hija y con el novio?; quien pudo haber visto a los agresores fue su hija, Eva Ruth D. B., y su novio, NUNCA LA MAMÁ, ¿Cómo puede identificar o reconocer a alguien que nunca ha visto si ella nunca estuvo en el lugar de los hechos delictuosos el día y a la hora en que sucedieron éstos como se observa en constancias procesales? La 11ª Sala al manifestar “que no fueron estos sujetos que perpetraron la agresión sexual en su contra” sin haber analizado estos reconocimientos, sin haber analizado la absurda y antijurídica declaración de la mamá de Eva Ruth y al haber tomando en consideración ésta (si es que la leyó), es obvio que está  llegando a una determinación errónea que conculca mis garantías constitucionales.

 q_3.4.- Determina que “...independientemente de la mecánica de los delitos perpetrados por aquellos delincuentes sea similar a la empleada por lo hoy enjuiciados...”.  La 11ª Sala omitió mencionar y analizar el informe de la Subdirección Operativa de la Policía Judicial del Distrito Federal, Sector Central, que está incluido al inicio de las Copias Certificadas del  Proceso 104/90, que la 11ª Sala apenas si menciona escuetamente en el Considerando DECIMO, punto 20, pagina 420v., y que se presentaron como prueba de mi inocencia, de las cuales el videograma  rechazado era parte importante para demostrar ésta; en dicho informe aunado a las declaraciones de los sujetos mencionados  ante el M.P., y las cámaras de televisión, pone en evidencia que la mecánica no es similar, es la misma, porque fueron estos policías preventivos los responsables de los hechos imputados, incluso algunos medios actuales informan erróneamente que Bayardo perteneció a la escolta del Lic. Coello, (en las notas periodísticas actuales se lee “En la época en que fue escolta de Coello, Bayardo se vio implicado en los ataques a parejas en el sur de la Ciudad de México, así como violaciones a mujeres” PROCESO LA REDACCIÓN. 25 DE NOVIEMBRE DE 2005).